Son nulas la autorizaciones para proceder al desmonte cuyo procedimiento de evaluación de impacto ambiental revela graves irregularidades.

Partes: Mamani Agustín pío y otros c/ Estado Provincial – Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa Cram S.A. s/ recurso
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 5-sep-2017
Cita: MJ-JU-M-106469-AR | MJJ106469 | MJJ106469
Son nulas la autorizaciones para proceder al desmonte cuyo procedimiento de evaluación de impacto ambiental revela graves irregularidades.
Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar al recurso y, en uso de la facultad conferida por el art. 16, segunda parte , de la Ley 48, declarar la nulidad de las resoluciones mediante las cuales la administración otorgó las autorizaciones de desmonte cuestionadas, toda vez que las irregularidades del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que caracterizaron el pedido de desmonte revisten carácter de suficiente gravedad para justificar la medida, a la par que una aprobación condicionada o, como lo justifica el fallo del superior tribunal, con sugerencias o recomendaciones, no se ajusta al marco normativo aplicable.
2.-Resulta una irregularidad la autorización de desmonte que comprende una superficie mayor a la detallada en el estudio de impacto ambiental, pues se trata de 1470 hectáreas frente a las 1200 hectáreas objeto del estudio de impacto ambiental, de los cuales, además, sólo se fiscalizó el 50% del área originalmente solicitada para el desmonte.
3.-No surge de las constancias de la causa que se hayan celebrado las audiencias públicas antes del dictado de las resoluciones cuestionadas, sino que únicamente existe prueba de la publicación realizada en el Boletín Oficial provincial, soslayando el mandato de la Ley General del Ambiente 25.675 que establece que toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente -art. 19 -; al tiempo que para concretar ese derecho, la norma regula el deber de las autoridades para institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias
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