Prisión efectiva por haber incumplido prestaciones alimentarias a favor de su hija de 10 años

Novedades en legislación y jurisprudencia on ,
En el marco de una causa por el delito especial previsto por la ley 13.944 de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, y debido a su reiterada desobediencia a sus obligaciones y a las órdenes judiciales, a un hombre le revocaron el beneficio de la ejecución condicional y, por ende, deberá cumplir en forma efectiva la pena de un año y dos meses de prisión que le habían impuesto en sept...

En el marco de una causa por el delito especial previsto por la ley 13.944 de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, y debido a su reiterada desobediencia a sus obligaciones y a las órdenes judiciales, a un hombre le revocaron el beneficio de la ejecución condicional y, por ende, deberá cumplir en forma efectiva la pena de un año y dos meses de prisión que le habían impuesto en septiembre de 2015 tras haber sido declarado responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, en perjuicio de su hija de solo 10 años. Así lo resolvió la jueza en lo Penal Juvenil de 6.º Nominación de la ciudad de Córdoba, Liliana Merlo, quien destacó que “el derecho de percibir alimentos es un derecho humano básico y fundamental”.

La magistrada esgrimió que “H. no ha demostrado respeto hacia los derechos de su hija, ni tampoco hacia al tribunal, por lo que se puede decir que se trata de un contumaz”. “Ha desobedecido los mandatos judiciales, no ha concurrido al tribunal pese a las reiteradas citaciones y, consecuentemente, no ha acreditado el cumplimiento de la prestación asistencial al acreedor alimentario, conforme a la normativa vigente; vulneró así los derechos esenciales de la menor”, afirmó.

“Resulta claro que la omisión alimentaria constituye para la ley una violencia que, por la índole y modalidad, es de carácter económica, al privar reiteradamente y con continuidad de los medios básicos de subsistencia al menor de edad, y al colocar a su representante legal –en el caso, la progenitora– en la difícil situación de afrontar por sí misma toda la manutención y los gastos atinentes de la niña”, enfatizó la jueza.

En la misma dirección, en la resolución, recalcó que las constancias de la causa “evidencian las reiteradas oportunidades en que H. no ha comparecido al juzgado ni se ha preocupado en acreditar su deber de cumplimiento alimentario para con su hija menor de edad, quien, a su vez, padece de una afección en su salud que merece un cuidado y atención especiales”. “La actitud que ha mantenido para con su hija se ha caracterizado por un total desinterés, indiferencia frente a sus necesidades vitales, despreocupación y ausencia de empatía”, agregó.

Falta a los compromisos asumidos
De acuerdo con la jueza, correspondía hacer lugar al pedido de los Ministerios Públicos Fiscal y Complementario de que se revocara la suspensión de la ejecución condicional de la pena por incumplimiento de las reglas de conducta que, en oportunidad de haber sido condenado, se le habían impuesto al imputado. Entre las obligaciones que pesaban sobre H. se encontraba la de acreditar ante el tribunal, entre los días 10 y 20 de cada mes, “el cumplimiento de la prestación alimentaria mínima e indispensable ofrecida en relación” con su hija, que había sido fijada en 1.200 pesos.

En alusión a la “semidetención o prisión discontinua” solicitadas por la Asesora Letrada Penal del Decimonoveno Turno, la magistrada argumentó que “no es posible aplicar estas modalidades, que suponen autodisciplina y cumplimiento estricto de condiciones compromisorias, a quien ha evidenciado a lo largo de este proceso contumacia e incumplimientos reiterados, no sólo de las reglas de conducta impuestas, sino también de la prestación asistencial en favor de su hija menor de edad”. En esa línea, agregó que el imputado ha puesto de manifiesto una “significativa incapacidad para aprovechar todas y cada una de las oportunidades que se le brindaron: alternativas al juicio en primer lugar, y a la pena efectiva, en segundo lugar”.

En la resolución, la jueza expresó que, según un informe de la actuaria del juzgado, fechado el 24 de octubre de este año, “H. no ha comparecido por ante esta sede ni ha acompañado comprobantes de pago de su obligación alimentaria para con su hija menor de edad después del mes de marzo del año en curso y hasta la fecha”. Tampoco “existen constancias que acrediten el cumplimiento de las condiciones impuestas” por la sentencia, “ni su concurrencia a la Dirección de Patronato del Liberado”. “Esto demuestra un claro incumplimiento de H. de las reglas establecidas (art. 27, bis, última parte del Código Penal), lo que deriva a que el tribunal deba revocar la condicionalidad de la condena, tal como también lo han solicitado los Ministerios Públicos”.

Asistencia psicoterapéutica

En la resolución y tras ordenar la efectiva detención del imputado, la Dra. Merlo dispuso que, en su alojamiento en el Complejo Penitenciario “Padre Luchesse”, el imputado deberá recibir “asistencia psicoterapéutica que le permita adquirir los recursos adecuados para afrontar su problemática, modificar desde lo intrínseco su posicionamiento subjetivo inmaduro, reflexionar sobre sus conductas presentes o pasadas, proyectar cambios a futuro tendientes a asumir el rol paterno y todos los compromisos que éste conlleva”.

Asimismo, también deberá receptar “instrucción específica respecto a sus deberes como padre, con un enfoque particularizado hacia el conocimiento e internalización de los derechos humanos y la perspectiva de género, especialmente en atención a los derechos de la niñez en el marco legal vigente y en función de la responsabilidad parental que le compete”. Finalmente, parte del trabajo remunerado que percibiera “deberá ser destinado al pago de la cuota alimentaria respecto de su hija”.

Fecha: 3 de noviembre de 2016.
Causa: “H., R. H. p. s. a. de Infracción Ley 13944 de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar”.

JUZG.PENAL JUVENIL DE 6ta.NOM.-SEC.5

Protocolo de Autos No Resolución: 29

Año: 2016 Tomo: 1 Folio: 181-197

EXPEDIENTE: 1343916 – H., R. H. – CAUSA CON IMPUTADOS

AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO:
Córdoba, tres de noviembre de dos mil dieciséis. Y VISTOS: Estos autos caratulados “H., R. H. p. s. a. Infracción Ley 13944 de Incumplimiento de
los Deberes de Asistencia Familiar” (Expte. SAC No 1343916), a fin de resolver la situación legal de R. H. H., de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de profesión mecánico, nacido en Capital Federal el catorce de marzo de mil novecientos setenta y cinco, hijo de A. O. H. y N. H. R. H., con domicilio en calle U. N° 3662, de B. H. I. de la ciudad de Córdoba. DE LOS QUE RESULTA: Por Sentencia N° 44 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, este Tribunal resolvió: “I) Declarar a R. H. H. , ya filiado, autor penalmente responsable del delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar en perjuicio de su hija menor V. H. B. , de 10 años de edad en la actualidad, en el período comprendido entre el mes de marzo de dos mil cinco hasta el día diecisiete de setiembre de dos mil quince, conforme lo dispuesto por los arts. 1° de la Ley 13.944 y
45 del C. Penal. II) Imponer a R. H. H. la pena de un año y dos meses de prisión en forma de ejecución condicional, conforme lo autorizan los arts. 26 y ccdtes., 40, 41 del C.P., 415 del C.P.P., en función de los arts. 108 y 109 de la Ley N° 9944, con costas (art. 550 y 551 del C.P.P.). III) Disponer que la suspensión de la pena de ejecución condicional impuesta quede sujeta por dos años al cumplimiento de las siguientes condiciones: 1) Fijar domicilio. 2) Acreditar ante el Tribunal del diez al veinte de cada mes en forma consecutiva, el cumplimiento de la prestación alimentaria mínima e indispensable ofrecida en relación a su hija V. H.

Expediente Nro. 1343916 – 1 / 34

B. a los fines de hacer cesar los efectos del delito, consistente en la suma de pesos un mil doscientos ($1200) mensuales, la que debe ser oblada en la cuenta de ahorro abierta en el Banco Provincia de Córdoba a tal fin. Dicho monto deberá ser actualizado en forma proporcional al incremento del salario que se perciba y en correlato al índice del costo de vida medido por Organismo Oficial. 3) Presentar los comprobantes que acrediten el cumplimiento de la prestación asistencial en forma mensual por ante este Tribunal. 4) Mantener oficio, arte, industria o profesión adecuada a su capacidad. 5) Someterse al contralor del Patronato de Presos y Liberados. 6) No cometer nuevos delitos. (art. 27 bis y ccdtes. del C.P.). IV) Regular los honorarios profesionales de la Sra. Asesora Letrada Penal del 19° Turno, Dra. Marcela Giletta por la defensa técnica del encausado R. H. H. , en esta etapa conclusiva, en la suma equivalente a treinta y cinco (35) jus con destino al Fondo Especial para el Poder Judicial (arts. 24, 31, 36, 39, 69 y 89 de la Ley Prov. 9.459). PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE Y OFÍCIESE” (fs. 511/519). Y CONSIDERANDO QUE: I) El devenir procesal de la causa refleja lo siguiente: A) Mediante acusación de fs. 65/70, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó a R. H. H. la comisión del delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar (arts. 45 y 1° de la Ley 13.944). B) Con fecha veintisiete de junio de dos mil once este Tribunal se avocó al conocimiento de las presentes actuaciones provenientes de la Fiscalía Penal Juvenil (órgano instructor), y a tenor de las previsiones de los arts. 361, 414 y ctes. del Código de Procedimiento Penal y 108 de la Ley Provincial 9944, se dispuso: “Citar a la Sra. Fiscal Penal Juvenil de Cuarto Turno, el encausado R. H. H. , a su defensor, al querellante particular si lo hubiere, y al Asesor de Niñez y Juventud que ejerce la representación promiscua de los supuestos damnificados, para que en el término común de tres días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, documentos y efectos que se hubieran secuestrado e

Expediente Nro. 1343916 – 2 / 34

interpongan las recusaciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de ley…” (fs. 73). C) Debido a reiteradas incomparecencias de R. H. H. a sede judicial, dicho proveído le fue notificado el veintinueve de agosto de dos mil once (ver citaciones diligenciadas obrantes a fs. 77/ 78 y comparendo de fs. 79). D) Con fecha trece de junio de dos mil doce, se resolvió: “Hallándose el encausado R. H. H. , en la situación prevista por el art. 268 del Código Penal, hágase saber al mismo que debe presentarse personalmente ante este Tribunal, del once al quince de cada mes, en día y hora hábiles, munido de los comprobantes de pago del cumplimiento del deber asistencial en relación a su hija menor de dieciocho años de edad, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su detención (art. 87 del Código Procesal Penal). Notifíquese”. (fs. 89). Atento que dicho proveído no fue notificado al imputado por su incomparecencia, no obstante haber sido debidamente citado al domicilio fijado en autos –U. N° 3662, de B. H. I. de esta ciudad-, el dos de noviembre de dos mil doce, se ofició al Titular de la Comisaria Veintidós de la Policía de la Provincia de Córdoba para que personal de la misma, previo constituirse en el domicilio fijado por H., se lo procediera a citar para que concurriera por ante el Juzgado interviniente. Dicha diligencia arrojó resultado positivo, por lo que H. fue notificado el siete de noviembre de dos mil doce (fs. 100 vta). E) No obstante, H. no se presentó a sede judicial para acreditar el pago de alimentos respecto de su hija menor de edad, V. H. B. Todo ello, a pesar que fue citado en reiteradas oportunidades para requerirle los recibos de pago correspondientes. En efecto, se le cursaron reiteradas citaciones al domicilio fijado en autos, tal como consta a fs. 103, 105, 108 con resultado infructuoso. El referido recién comparece al Juzgado el día cinco de junio de dos mil trece oportunidad en que es notificado del certificado que fija como fecha probable de audiencia el día veintidós de octubre de dos mil trece a las diez horas con treinta minutos. F) Con fecha veinte de

Expediente Nro. 1343916 – 3 / 34

agosto de dos mil trece se fijó audiencia de debate en la presente causa para el día veintidós de octubre del mismo año. H. recibió personalmente las citaciones judiciales cursadas tal como surge a fs. 120 y 137. Asimismo se le remitió la cédula correspondiente (ver fs. 132). Además, su pareja V. S. recibió otra citación (ver fs. 127). A pesar de ello, H. no compareció personalmente a esta sede judicial. Ante esta situación, se comisionó a personal policial de la Comisaria Veintidós para que H. sea citado y acompañado a presentarse al tribunal. Esta citación fue también recibida por su esposa, sin que el nombrado se hiciera presente en el juzgado. G) Con fecha veintidós de octubre de dos mil trece, R. H. H. junto a su defensa técnica Dra. Marcela Giletta, solicitaron la suspensión del juicio a prueba (ver fs. 138/139). Previo tramite, con la vista a los Ministerios Públicos y comparendo de la representante legal, por Auto Interlocutorio N° 65 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, se resolvió: “Suspender a prueba el proceso penal seguido a R. H. H. , ya filiado, p.s.a. del delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar (art. 1° Ley Nacional 13.944) en estos obrados Letra “C” Número 15/06. II) Fijar el término de prueba en dos años, bajo las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Departamento de Reinserción Social del Liberado de la Provincia de Córdoba. b) Continuar con su oficio, arte, industria o profesión. c) Ejecutar tareas comunitarias en el Dispensario sito en calle A. de B° H. I. de esta ciudad, al cual deberá concurrir tal como voluntariamente lo ha manifestado, tres horas a la semana, por el término de dos meses, a fin de realizar trabajos de mantenimiento, todo ello en concepto de satisfacción del mínimo de la multa conforme lo previsto por el párrafo quinto del art. 76 del Código Penal y lo autorizado por el art. 21 –tercer párrafo- del mismo cuerpo legal, debiendo acreditar su principio de ejecución en el término de quince días a partir de la notificación del presente. d) Presentarse

Expediente Nro. 1343916 – 4 / 34

mensualmente, del diez al quince de cada mes, por ante la sede del Tribunal a fin de acreditar el cumplimiento de sus deberes de asistencia familiar con respecto a su hija V. H. B. , mediante presentación de comprobante de depósito en Caja de Ahorro N° 0030349207, todo ello con arreglo a lo estatuido por los arts. 76 bis y 76 ter en función del 27 bis del Cod. Penal. III) Hacer saber a la Representante Legal que queda expedita la vía del fuero competente para efectuar otros reclamos propios de la obligación civil, que exceden el conocimiento y alcance de esta sede penal”. (fs. 147/151). H) Dicha resolución no se notificó inmediatamente a R. H. H. ya que persistió en su incomparecencia a pesar de reiteradas citaciones que se le cursaron a su domicilio (ver fs. 154/ 155) – incluso la primera fue recibida por el propio H. -. Por consiguiente también se debió comisionar a personal de la Comisaria Veintidós de la Policía de la Provincia de Córdoba a fin de que proceda a citar y acompañar al imputado a comparecer por ante este tribunal (ver oficios del 27/12/2013 de fs. 162/163; 30/05/2014 de fs. 171/173; 10/06/2014 de fs. 176 y 178). El dieciséis de junio de dos mil catorce este Tribunal dispuso: “I) Notificar a través de la respectiva cédula a R. H. H. a fin de hacerle saber que en el término de 30 días deberá acreditar por ante esta sede judicial el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se le concedió la suspensión de juicio a prueba con fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece … II) Hacer saber que en caso de que el imputado R. H. H. persista con su incumplimiento se revocará de inmediato el beneficio concedido y se fijará día y hora de Audiencia de Debate en la causa que se le siga p.s.a. Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar” (fs. 179/180). I) Por su parte, la Dirección del Patronato del Liberado, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia Córdoba, el dieciocho de julio de dos mil catorce informó que: “[...] el Sr. R. H. H. no se ha presentado hasta el día de la fecha antes esta institución en cumplimiento de los requisitos

Expediente Nro. 1343916 – 5 / 34

impuestos por ley” (fs. 191). J) Como corolario de lo consignado precedentemente, por Auto Interlocutorio N° 29 de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce este Tribunal resolvió “Revocar el Auto Interlocutorio Número sesenta y cinco de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece mediante el cual se resolvió suspender a prueba el juicio seguido a R. H. H. , como supuesto autor del delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar (art. 1° de la Ley 13944, art. 76 ter –cuarto párrafo, segundo supuesto – del Código Penal); y en consecuencia, llevar a cabo el juicio en su contra, continuando con la tramitación de la causa según su estado”. (fs. 206/209). K) Con fecha veintitrés de febrero de dos mil quince se fijó fecha de audiencia de debate para el día catorce de abril del mismo año, la que debió suspenderse dada la incomparecencia de H., quien se encontraba debidamente notificado de la misma (ver decreto de fs. 309, cédula diligenciada de fs. 313/314 y certificado de fs. 325). A los fines de asegurar el juicio, y conforme lo autorizan los arts. 271, 375 última parte y cdtes. del C.P.P., el quince de abril de dos mil quince este Tribunal libró orden de allanamiento al domicilio sito en calle U. n° 3662, b. H. I. de la ciudad de Córdoba, para proceder a la detención de R. H. H. , la cual arrojó resultado positivo (fs. 326 y 328). Posteriormente, la defensa técnica solicitó el recupero de libertad de su defendido, y ofrece una cuota alimentaria a favor de la menor V. H. B. equivalente al 15% de los ingresos que percibe como empleado, con más una suma equivalente al 5% de los ingresos que perciba durante 18 meses en concepto de reparación del daño ocasionado. De ello, se corrió vista a los Ministerios Públicos, y con vista positiva de ambos, por Auto Interlocutorio N° 8, de fecha veintidós de abril de dos mil quince se resolvió: “I) Ordenar la inmediata libertad de R. H. H. bajo las previsiones del art. 268 del C.P.P., debiendo cumplimentar las siguientes condiciones: a) Fijar y mantener domicilio; b) Dar efectivo cumplimiento a la prestación asistencial respecto

Expediente Nro. 1343916 – 6 / 34

de su hija menor de 18 años de edad, la que conforme el mandato penal requiere cubrir los medios indispensables de subsistencia, la que deberá ser depositada en cuenta de Caja de Ahorro del Banco de Córdoba destinada al efecto; c) Efectivizar el pago al que alude el apartado anterior en un plazo no mayor a una semana, acreditando por ante el Tribunal su efectivo cumplimiento; d) Permanecer a disposición del órgano Judicial y concurrir a todas las citaciones que se le formulen; e) Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley; f) Presentarse personalmente ante el Tribunal del uno al diez de cada mes, munido de los comprobantes de pago que acrediten la satisfacción de la prestación de los medios indispensables para la subsistencia de su hija; g) Concurrir a la audiencia de debate fijada el día cinco de mayo de dos mil quince, a las 10:30 hs., ordenada por proveído de fs. 329 y ya notificada con fecha diecisiete de abril de dos mil quince, bajo apercibimiento de ordenar nueva detención p.s.a. Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar (art. 1o de la Ley Nacional 13.944) para asegurar la efectivización del plenario (arts. 271; 275 ultima parte y concordantes del C.P.P.)” (ver fs. 346/348). L) Finalmente, el diecisiete de septiembre de dos mil quince el imputado R. H. H. , su defensora Dra. Marcela Giletta, la Asesora de Niñez y Juventud del Octavo Turno y la Fiscal Penal Juvenil del Cuarto Turno, solicitaron que para el juicio fijado en autos se proceda conforme al trámite fijado por el art. 415 del C.P.P., lo que así se hizo, arribándose al resolutorio transcripto al inicio de la presente resolución (ver fs. 498). Cabe aclarar que en oportunidad de celebrarse el plenario, el Ministerio Público Fiscal entendió que de las constancias de la causa se deprendía la continuidad del delito y atento lo previsto por el art. 388 del C.P.P., amplió la acusación originaria, por lo cual el hecho quedó fijado del siguiente modo: “De la relación de noviazgo que existió entre la denunciante D. M. M. B. y el imputado R. H. H.

Expediente Nro. 1343916 – 7 / 34

nació una hija de nombre V. de seis años de edad en la actualidad. Que cuando la niña tenía un mes de vida H. las abandonó y se desentendió totalmente de su hija tanto efectivamente como económicamente, quedando la niña a cargo de la denunciante con la que convive en calle I. L. 245, 2° “A”, de B. A. de esta ciudad. Que el prevenido R. H. H. no cumplió con sus obligaciones de asistencia familiar respecto de su hija precedentemente nombrada, al haberse sustraído de proporcionarle, con conciencia e intención, los medios indispensables para su subsistencia, esto es, alimentos, vestimenta y no haber contribuido con los gastos de vivienda y asistencia médico farmacéutica en el periodo comprendido desde el mes de marzo de dos mil cinco hasta el día de la fecha – 17/09/2015-”. II) De las constancias de autos incorporadas con posterioridad a la sentencia que dispuso la pena de un año y dos meses de prisión, en forma de ejecución condicional, se desprende lo siguiente: A) El día nueve de octubre de dos mil quince compareció al tribunal R. H. H. , quien se notificó de la Sentencia N° 44 incorporada a fs. 511/519, y retiró el original del oficio de fs. 521 dirigido a la Dirección de Patronato del Liberado dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, comprometiéndose a dar trámite personal, tal como consta a fs. 527. B) El veintisiete de octubre de dos mil quince compareció la Auxiliar de la Asesoría Letrada Penal del Decimonoveno Turno y acompañó copia del comprobante de depósito efectuado por H. el veinte de octubre de dos mil quince por el importe de $ 1.200 -mil doscientos pesos – (fs. 531). También consta que H. pagó la cuota alimentaria del mes de noviembre de dos mil quince por la misma suma (ver fs. 550/551). C) El Licenciado en Trabajo Social Ezequiel Cettoni, profesional dependiente de la Dirección de Patronato del Liberado informó que R. H. H. “[...] NO se ha presentado ante esta Dirección del Patronato del Liberado, en cumplimiento de los requisitos impuestos, desde el momento de la obtención del

Expediente Nro. 1343916 – 8 / 34

beneficio mencionado el día 29/09/2015 hasta el día de la fecha –26/10/2015-“. (ver fs. 534). D) Por decreto de fecha doce de noviembre de dos mil quince la suscripta resolvió: “[...] cítese por última vez a R. H. H. a fin de recordarle todas las condiciones impuestas en Sentencia no 44, incluida la de presentarse a la Dirección del Patronato del Liberado en cumplimiento de los requisitos impuestos.” (fs. 535). H. fue citado a comparecer por ante esta sede el 17/11/2015, y no obstante haber sido recibida la citación por su pareja como rola a fs. 537, no se presentó a sede judicial. E) Los informes bancarios agregados a fs. 542/545, 556/560, 571/573 y 574/577, dan cuenta que R. H. H. no cumplió con la prestación alimentaria de su hija menor de edad, V. H. B., desde los primeros días de diciembre de dos mil quince. F) La Dirección de Patronato del Liberado, informó nuevamente en relación a H. que “[...] NO se registran presentaciones del nombrado ante ésta Dirección del patronato del Liberado, desde el momento de la obtención del beneficio mencionado el día 29/09/2015, hasta el día de la fecha – 03/02/2016-” (fs. 562). G) Por Auto Interlocutorio N° 4, de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, SE RESOLVIÓ: “I) Revocar la condena de ejecución condicional respecto de R. H. H., ya filiado, por el delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar (Ley 13944), la que fue establecida mediante Sentencia Número 44, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, y fijada en un año y dos meses de prisión (arts. 27 bis última parte del C.P, y 513 del C.P.P.). II) Ordenar su inmediata detención para su posterior alojamiento en el Complejo Penitenciario Padre Luchesse de esta ciudad de Córdoba, a fin de que cumpla la condena impuesta fijada en un año y dos meses de prisión y donde se le ofrezca: a) asistencia psicoterapéutica que le permita adquirir los recursos adecuados para afrontar su problemática, modificar desde lo intrínseco su posicionamiento subjetivo inmaduro, reflexionar sobre sus conductas presentes o pasadas, proyectar cambios a

Expediente Nro. 1343916 – 9 / 34

futuro tendientes a asumir el rol paterno y todos los compromisos que éste conlleva; b) trabajo remunerado, en cuyo caso, parte del salario, en la proporción de ley, deberá ser destinado al pago de la cuota alimentaria respecto de su hija V. H. B. ” (fs.579/588). Consecuentemente a la citada resolución, por decreto de igual fecha se dispuso librar orden judicial de allanamiento en el domicilio fijado en autos por el imputado R. H. H. sito en calle U. n° 3662, de B. H. I. de esta ciudad de Córdoba a fin de proceder a su detención, la cual arrojó resultado negativo (fs. 590 y 640). H) Inmediatamente después de diligenciada la orden judicial de allanamiento, compareció por ante esta sede la Sra. N. R. H. –progenitora de R. H. H. – acompañada por la Auxiliar colaboradora de la Asesoría Letrada Penal del 19° Turno –Roxana Ribba-, y acompañó copia de comprobante de depósito por el monto de $ 3.600 (tres mil seiscientos pesos) en concepto de cuota alimentaria en favor de su hija menor de edad V. H. B. (ver comparendo de fs. 594 y copia de comprobante de depósito de fs. 595). I) Con posterioridad, este Tribunal corrió vista al Ministerio Público Fiscal, quien a fs. 606 expresó: “[...] Evacuando la vista corrida en los presentes obrados esta representante del Ministerio Público estima que deberá dejarse sin efecto la medida ordenada por Auto Interlocutorio N° 4 de fecha 10 de marzo del año en curso (fs. 579/588) en atención a la presentación efectuada por la Sra. N. R. H. –progenitora del imputado R. H. H., debiendo evaluar su conducta en los meses siguientes bajo apercibimiento de dar cumplimiento a lo oportunamente resuelto”. Atento ello, por Auto Interlocutorio n° 6 de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis se resolvió: “I) Dejar sin efecto la revocación de la condena de ejecución condicional en relación a R. H. H., la que fue dictada por Auto Número 4, de fecha 10/03/16… III) Evaluar la conducta de R. H. H. en los próximos meses, estimando como prudente un plazo no inferior a tres meses, a los

Expediente Nro. 1343916 – 10 / 34

fines de analizar si se cumple con las reglas de conducta, y particularmente con los depósitos de la prestación asistencial en relación a su hija menor de edad, como también su concurrencia al Patronato del Liberado…” (fs. 619/625). III) De las constancias de autos incorporadas con posterioridad a la resolución que dispone evaluar la conducta de R. H. H. , por un plazo no inferior a tres meses se desprende que: A) La Dirección del Patronato del Liberado, dependiente del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos informó que R. H. H. “[...] se ha presentado ante vuestro Juzgado con fecha 03 de febrero de 2016, el nombrado se ha presentado ante esta Dirección del Patronato del Liberado teniendo su primer entrevista con el profesional actuante el día 16 de marzo de 2016. En la mencionada entrevista en servicio, el encartado manifestó desempeñarse laboralmente como monotributista en la empresa INGLOBAL. A su vez, expresó mantener el domicilio de autos sito en U. n° 3662 de B. H. I. de la ciudad de Córdoba. Finalmente, vale aclarar que no presentó problemáticas significativas en demás aspectos de su cotidianeidad” (fs. 637). B) A fs. 652 se incorporó certificación que da cuenta que a través de comunicación telefónica con el Juzgado de Familia de Quinta Nominación la instructora de los autos caratulados “B., V. c/ H., R. H. – Acciones de Filiación/contención” (Expte. SAC 222408) informó que dicho Tribunal “[...] con fecha 19 de abril de 2016 libró oficio de retención a la empresa Met Constructora. Seguidamente, la abogada Vilma Perilo – patrocinante de D. M. M. B. – presentó un escrito por ante dicho Tribunal informando que el mencionado oficio no pudo ser diligenciado atento que de la empresa informaron que R. H. H. hace un año que no trabaja allí y que ahora lo estaría haciendo en la empresa DELCON SRL, ubicada a una cuadra de Met Constructora. Posterior a ello, la Dra. Perilo no ha requerido nuevo oficio al Tribunal dirigido a la empresa Delcon SRL o a ANSES, por lo cual no hay constancias en autos que den cuenta que

Expediente Nro. 1343916 – 11 / 34

H. se encuentre efectivamente trabajando en relación de dependencia”. C) Del informe bancario incorporado a fs. 656/660 surge que al 30 de mayo del corriente año el último deposito registrado en la caja de ahorro n° 922-303492/07 a nombre de la menorV.H.B. yalaordendeD.M.M.B. esdel11demarzode2016porel importe de $ 3.66 (tres mil seiscientos pesos), no registrándose en autos nuevas constancias de cumplimiento (ver certificado de fs. 699). D) Mediante proveído de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis se dispuso: “I) Hacer saber a la defensa técnica de R. H. H. que deberá coordinar con su defendido la acreditación urgente por ante esta sede judicial del cumplimiento de la prestación alimentaria correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del año en curso. II) Poner en conocimiento de R. H. H. y de su defensa técnica que se ha incurrido nuevamente en una falta de cumplimiento a lo resuelto por Sentencia N° 44, especialmente a la condición que señala que debe acreditar del 10 al 20 de cada mes en forma consecutiva el cumplimiento de la prestación alimentaria debida a su hija menor de edad. III) El decisorio aludido – firme a la fecha – impuso la pena de un año y dos meses de prisión en forma de ejecución condicional, conforme lo autorizan los arts. 26 y ccdtes., 40, 41 del C.P., 415 del C.P.P., en función de los arts. 108 y 109 de la Ley N° 9944, y las previsiones del art. 27 bis última parte consigna que la persistencia o reiteración del incumplimiento de alguna regla de conducta traerá aparejado la revocación de la condicionalidad de la condena”. El mismo fue notificado debidamente a todas las partes (ver constancias de fs. 662 vta. y cedulas de fs. 663/664 y 665/666). E) Posteriormente R. H. H. fue citado en tres oportunidades a comparecer por ante esta sede munido de comprobantes de pago de la prestación asistencial respecto de su hija menor de edad, a saber cinco de julio, primero y tres de agosto del corriente año. Respecto de todas ellas, la División de Trámites Judiciales comunicó que fueron recibidas por la Sra. V. S., pareja

Expediente Nro. 1343916 – 12 / 34

actual de H. (ver citaciones de fs. 668; 669 y 670). No obstante ello, no se logró la comparecencia de H. como tampoco la acreditación de su cumplimiento asistencial alimentario (ver certificado de fs. 672). F) Con fecha cuatro de agosto del año en curso la Dirección de Patronato del Liberado informó que R. H. H. “[...] No se ha presentado ante esta Dirección…. a la última entrevista pautada con el profesional actuante. Ante dicho incumplimiento te tomó contacto telefónico con el encartado al número de referencia brindado por el mismo, asegurando que se presentaría a la brevedad. No existen registros de presentaciones posteriores hasta el día de la fecha.” (fs. 675). G) Mediante proveído de fs. 673 se dispuso: “Córdoba, diez de agosto de dos mil dieciséis. Atento constancias de la presente causa y teniendo en cuenta que R. H. H. , pese a reiteradas citaciones a su domicilio, no ha comparecido por ante esta sede judicial -ni tampoco ha brindado explicaciones de su incomparecencia- a los fines de acreditar los pagos de la cuota alimentaria en favor de su hija V. H. B. desde el mes de marzo del corriente año hasta la fecha, hágase saber a la Asesora Letrada Penal del Decimonoveno Turno que deberá coordinar con su defendido para que en el plazo de 72 hs. de la notificación del presente proveído, adjunte al Tribunal los comprobantes de pago correspondientes, conforme Sentencia Número Cuarenta y Cuatro de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, firme a la fecha”. No obstante ello, tampoco se logró la comparecencia de H. ni la incorporación de constancias que acreditaran el cumplimiento de la prestación alimentaria en favor de su hija menor de edad. H) La representante legal de la menor V. H. B., sra. D. M. M. B., compareció por ante sede judicial, y acompañó informe bancario de la caja de ahorro N° 922-303492/07 del cual surge que el último depósito se ha registrado con fecha 11 de marzo de 2016, por el importe de $ 3.600 (tres mil seiscientos pesos), tal como luce a fs. 676/682. I) Corrida vista a la defensa técnica del imputado, la Dra. Marcela Giletta expresó: “[...]

Expediente Nro. 1343916 – 13 / 34

previo evacuar la vista corrida por S.S. a fs. 683 de autos esta defensa considera que resulta imprescindible establecer contacto con su asistido, a cuyo fin solicita que se lo cite para que comparezca ante esta Asesoría Letrada, a los fines de mantener entrevista con el mismo” (fs. 684). Con fecha doce de septiembre del corriente año este Tribunal cursó citación al domicilio fijado en autos por R. H. H., tal como había sido solicitado por su defensa técnica, informando la División de Trámites Judiciales en dicha oportunidad que “constituido en el domicilio indicado, no fue atendido por ninguno de sus moradores, por lo que se procedió a dejar la citación en el buzón, siendo esta una vivienda con numeración visible 3662, pintada de color gris y un portón azul de chapa.” (fs. 687). Seguidamente la Asesora Letrada Penal del Decimonoveno Turno evacuó la vista oportunamente corrida y a dicho efectos expreso que: “[...] la suscripta ha intentado comunicarse con el imputado H. y a pesar de las diligencias practicadas, las mismas resultaron infructuosas, habiendo perdido totalmente contacto con el nombrado, ante lo cual puede sugerir al Tribunal que se practique una encuesta socio ambiental en su domicilio a fin de ahondar sobre sus circunstancias actuales”. (fs. 688). J) Evacuada la vista por el Ministerio Público Fiscal, la Dra. Nora Gudiño dictaminó: “[...] de las constancias de autos se desprende que el condenado R. H. H. no ha dado cumplimiento a lo ordenado según se colige del último informe bancario que rola a fs. 677/681 de autos y del informe de Patronato de Presos y Liberados (fs. 675)… Que ni la defensa del prevenido H. ha podido contactarse con el mismo (ver fs. 688) a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por decreto de fs. 683. Por lo expuesto es que este representante del Ministerio Público considera que se deberá proceder de inmediato a la ejecución de la Sentencia antes referida revocando la condena condicional según lo previsto por el art. 513 del C.P.P. debiendo cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia según lo previsto en la última parte del art. 28 de la ley penal sustantiva”

Expediente Nro. 1343916 – 14 / 34

(fs. 690/691). El Dr. Hugo Conterno, Asesor de Niñez y Juventud del Octavo Turno, por su parte, al evacuar su vista señaló: “[...] que comparte lo indicado por la Sra. Fiscal Penal Juvenil del Cuarto Turno. Entendiendo que objetivamente no ha dado cumplimiento a sus deberes de asistencia familiar, sin dar ninguna explicación o intento de justificación; por lo que corresponde revocar la condena de ejecución condicional (arts. 513 C.P.P. Cba. y 28 del CP)” (fs. 692). K) Por último y corrida vista nuevamente la Dra. Marcela Giletta –defensa técnica de R. H. H. expresó: “[...] Con fecha 28 de septiembre del corriente año, se ha tomado conocimiento de la vista efectivamente corrida de fs. 693. Teniendo en cuenta que la Asesoría Penal ha manifestado a fs. 688 que ha perdido contacto con el imputado, a criterio de esta defensa, resulta útil practicar todas las diligencias necesarias a los fines de poder ubicar el paradero de su pupilo procesal, practicándose a tal fin una encuesta socio ambiental en el domicilio fijado a los fines de verificar sus circunstancias actuales. Ello a efectos de asegurar a H. una defensa efectiva toda vez que se desconocer los motivos de su incumplimiento, máxime cuando se encuentran en juego derechos esenciales como la libertad, es que deben extremarse los recaudos que garanticen el pleno ejercicio del Derecho de Defensa (art. 18 C.N; 39 y 40 C. Pcial, 75 inc. 22 C.Nac.; 8.1 y 8.2 apart. “d” y “c” CADH; 14.10 y 14.3 aprt. “b” y “d” P.I.C.D.P.; apart. 10 y 11 D.U.D.H. y 26 D.A.D.H.). Deberá tenerse en cuenta, previo a la revocación de la condena de Ejecución condicional, que conforme el art. 27 bis in fine del Código Penal, previo a revocarse tal carácter, resulta menester acreditar que el incumplimiento no obedezca a alguna circunstancia extraña y ajena a la voluntad del imputado, atendiendo siempre al fin resocializador de la pena. A su vez deberá tenerse en cuenta que la tendencia en la jurisprudencia general, pareciera inclinarse por la no aplicación de la pena de prisión en este tipo de delitos, teniendo en cuenta fundamentalmente la inconveniencia o inutilidad de

Expediente Nro. 1343916 – 15 / 34

insertar al acusado en el sistema penitenciario, toda vez que la estigmatización a la que conduce, redunda a la postre en perjuicio de la menor cuyo interés se tutela, tanto ante la pérdida de la fuente laboral por parte del acusado como ante la futura limitación al ingreso del mercado laboral. Asimismo y en supuesto caso de que VS entienda que deberá revocarse la condicionalidad de la condena, deberá tenerse en cuenta lo previsto por el art. 35 de la ley 24.660 en cuanto prescribe “… cuando se revocare la condenación condicional prevista en el artículo 26 del Código Penal por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal…” se podrá disponer la prisión discontinua o semidetención, las que consisten en modalidades de cumplimiento de la pena privativa de la libertad que adquieren mayor relevancia en casos como el que nos ocupa, donde el imputado H., debe afrontar un deber alimentario de imposible cumplimiento ante la pérdida de su fuente laboral”.(fs. 694). L) En función de la vista evacuada por la defensa técnica, con fecha doce de octubre el tribunal dispuso comisionar al Cabo Primero Pablo Medina a fin de que se constituya en el domicilio fijado en autos por R. H. H. sito en calle U. n° 3662, de B. H. I. de esta ciudad de Córdoba a fin de: a) Recabar información y efectuar las averiguaciones pertinentes para constatar si el nombrado reside efectivamente allí. b) En caso positivo citar a R. H. H. para que comparezca por ante esta sede judicial munido de la prestación alimentaria en relación a su hija menor de 18 años, el día jueves diecisiete de octubre del año en curso a las 11 hs., bajo apercibimiento de hacer efectiva la pena de ejecución condicional impuesta mediante Sentencia N° 44 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince. En cumplimiento del proveído reseñado precedentemente, se receptó declaración testimonial al Cabo Primero Medina, quien a fs. 698 expresó: “Que se desempeña como personal policial comisionado del Juzgado Penal Juvenil de Sexta Nominación, como primer medida se interiorizó de lo actuado y el día 13 de octubre

Expediente Nro. 1343916 – 16 / 34

de 2016, en el horario aproximado de las 13:00 hs. se constituyó en la calle U. n° 3668, de B. H. I. de esta ciudad y allí entrevistó a la Sra. R. M., quien le refirió que hace 60 años vive en ese domicilio y es vecina del Sr. R. H. H. , quien vive junto a su padre, esposa y dos hijas menores de edad, a una casa de por medio de la suya, es decir a la altura N° 3662 de calle U. En relación a R. H., le expresó que lo ve todos días, en efecto lo vio ese mismo día por la mañana – 13/10/2016-, cree que se iba a trabajar. Seguidamente el compareciente se constituyó en el domicilio del nombrado sito en calle U. N° 3662 de B. H. I., y allí fue atendido por la Sra. V. S., DNI xxx, esposa de R. H. H. quien refirió que su marido no se encontraba presente, que estaba trabajando y que regresa en horario de la tarde. Seguidamente el dicente le entregó la citación librada por este Tribunal y se comprometió a dársela a su marido esa misma tarde. En relación a la vivienda del nombrado el compareciente expresó que la misma es de construcción tradicional, pintada de color de claro, en su frente tiene dos portones de color azul y una ventana de color oscuro, con su numeración visible y su frente orientado al punto cardinal oeste”. IV) Las restantes constancias glosadas dan cuenta que se ha recibido en audiencia a la representante legal de la menor víctima de las presentes actuaciones conforme las previsiones del art. 96 del C.P.P. (ver fs. 599; 627). Asimismo, la sra. D. M. M. B. compareció por ante la sede de este Tribunal y acompañó informe bancario de la caja de ahorro N° 922-303492/07 del cual surge que el último depósito se ha registrado con fecha 11 de marzo de 2016, por el importe de $ 3.600 – tres mil seiscientos pesos -, (ver fs. 676/682). El certificado de la actuaria de fs. 699, de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, se ha consignado que R. H. H. no ha comparecido por ante esta sede, ni tampoco ha acompañado comprobantes de pago de su deber alimentario para con su hija menor de edad después

Expediente Nro. 1343916 – 17 / 34

del 11/03/16 a la fecha, como tampoco existen constancias que acrediten el cumplimiento de las condiciones impuestas por Sentencia n° 44, de fecha 29/09/2015, ni su concurrencia a la Dirección del Patronato del Liberado. V) Por todo lo hasta aquí referenciado, en coincidencia a los dictámenes de los Ministerios Públicos, corresponde en esta instancia del proceso, revocar la condena de ejecución condicional recaída sobre R. H. H. (art 513 del C.P.P.). Doy razones: 1.- Como primer aspecto he de referirme a un conjunto de instrumentos legales (que se enunciarán a continuación), ya que es menester poner de resalto aquellas previsiones relativas a las prestaciones asistenciales alimentarias, su relación con las víctimas, y la obligación de los Estados, organismos administrativos y judiciales al respecto. Partimos precisamente con el dispositivo legal en que se encuadra el presente caso. ^ Ley 13.944: -art. 1- Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa a los padres, que aún sin mediar sentencia civil, se substrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere impedido. Sobre la base de los antecedentes legislativos y la discusión parlamentaria de la ley 13.944, gran parte de la doctrina sostiene que esla familiael bien jurídicamente protegido por esta ley. Así es que el Mensaje del Poder Ejecutivo expresó textualmente que: “Urge la pronta sanción de normas tendientes a reprimir penalmente los más graves atentados contra bienes tutelados por la Constitución… El Derecho Penal no puede permanecer por más tiempo en postura de indiferencia ante la tarea programada de consolidar la institución de la familia, núcleo elemental y primario del que el hombre es criatura y en la cual ha de recibir insustituiblemente la formación sobre la que construirá todo el curso de su vida.”Coincidentemente con ello, el diputado Lascano sostuvo, con fundamento en los términos del mensaje con el que acompañó su proyecto al Poder Ejecutivo, que la finalidad de la referida ley es tutelar la familia, “si bien el delito se estructura a través de las personas señaladas en

Expediente Nro. 1343916 – 18 / 34

ella (art. 1o y 2o), tal sucede en tanto formen parte de la comunidad económica familiar.” En esta postura se encuentra enrolada la mayoría de la doctrina, sosteniéndose que el bien jurídicamente protegido por la ley 13.944 es “la familia en un sentido amplio, y en el aspecto relacionado al deber de asistencia económica y subsistencia material emergente del vínculo familiar o cuasi familiar”. Esto quiere decir que no es el parentesco la única fuente generadora de derechos y obligaciones en esta figura, ya que el término “familia” que utiliza la norma abarca tanto al núcleo familiar unido por lazos sanguíneos como al vínculo derivado de la adopción y de determinadas relaciones jurídicas como la del tutor, curador y guardador respecto de los pupilos, curados y guardados. La consideración e individualización de la familia como bien jurídico protegido fue reafirmado posteriormente a partir de fallos plenarios (“Aloise”y“Guersi”) en los que se sentó la doctrina de que el bien jurídico que tutela la ley esla familia, y no las personas concretamente afectadas como sujetos pasivos o víctimas. De acuerdo con el texto del art. 1o de la ley 13.944, la conducta punible consiste en sustraerse a prestarlos medios indispensables para la subsistencia a las personas que la ley indica. Como se ha dicho, resulta claro que la expresión “sustraer” alude a la voluntad del sujeto activo encaminada a eludir su compromiso u obligación, es decir, de una forma dolosa. En las palabras de Soler, se trata de “una omisión deliberada”, ya que “la figura contiene, pues, claramente un elemento subjetivo, consistente en una actitud relativa a la propia omisión”, y agrega que“Los contenidos de esa actitud psíquica pueden variar desde positiva hostilidad hasta «indiferencia egoísta desmedida”. Romero explica que “se sustrae quien omite, se aparta o se desentiende de su deber de proporcionar alimentos”. Implica entonces, no prestar, o en el caso particular prestar (dar) en menor medida de lo que resulta indispensable. En la Exposición de Motivos de la ley se ha definido a los medios indispensables para la subsistencia como “el conjunto de los elementos vitales

Expediente Nro. 1343916 – 19 / 34

indispensables para subsistir materialmente”. Sobre este tema, no dejan de ser interesantes los dichos del Dr. Enrique Díaz de Quijaro, autor del artículo “El concepto de medios indispensables para la subsistencia en la ley que reprime el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”, publicado en J.A. 1951 – IV – p. 89. En dicho artículo resalta la necesidad de precisar los alcances de la expresión “medios indispensables para la subsistencia” que emplea la ley 13.944 en su primer artículo, dada la importancia que tiene su significado para la aplicación de la referida ley en la práctica. Este tema ha sido objeto de análisis incluso desde antes de la sanción de la ley 13.944 y la doctrina se ha esmerado en diferenciar este concepto del de “alimentos” del Código Civil. Uno de los primeros doctrinarios en referirse a este tema fue Ure, quien consideró que la diferencia entre uno y otro concepto radica en el contenido de la prestación debida, pues mientras la ley 13.944 se refiere a los medios indispensables para la subsistencia, el concepto de “alimentos” civil tiene más amplitud. En la actualidad, la doctrina es pacífica en entender por “medios indispensables para la subsistencia” a todas aquellas cosas materiales que resulten en verdad necesarias para que el sujeto pasivo mantenga su existencia física, y pueda desarrollarla con criterios de normalidad (sintéticamente: aquello que no puede ni debe faltar). Así, para que el delito quede configurado, el sujeto activo deberá omitir prestarle al pasivo los mediosindispensablesde alimentación, sean de carácter ordinario (como es el caso de la manutención diaria y el vestido) o de carácter extraordinario (como por ejemplo el costear los gastos de una enfermedad), en la medida que estos garanticen su existencia como persona. Esto quiere decir que “Aunque el padre alimentara diariamente a sus hijos, se configuraría el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar si ha quedado sin atender por el acusado lo relativo a vivienda, vestimenta, atención médica, etc.” Así lo dispuso el fallo plenario “López Cesar F”, de la CNCrim. y Correc., Sala I, del 30 de agosto de

Expediente Nro. 1343916 – 20 / 34

1968 (publicado en ED., 24-757). Al respecto también cf. Soler, Sebastián., “Derecho Penal Argentino”, Ed. Tea; Romero, José A., “Delitos contra la Familia”, Ed. Mediterránea; Lascano, Carlos., “La ley 13.944 y el estado actual de la jurisprudencia”,Ed Lerner; Caimmi y Desimone, “El Delito de Incumplimiento de Asistencia Familiar e Insolvencia Fraudulenta”. 2o ed. Actualizada, Ed. Depalma). Pero más allá de esta normativa específica, no se puede soslayar la existencia de otros instrumentos legales que preservan el interés preponderante del menor de edad, y que apuntan precisamente a entender como vital el deber alimentario parental. ^ “Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño” – Ley 23.849 -, instituye que en las medidas que adopten las instituciones gubernamentales, privadas, tribunales, autoridades administrativas, debe tomarse primordial consideración al interés del niño -art. 3 inc. 1o-; también que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño -art. 18 inc. 1o -, los que asimismo deben brindar las condiciones de vida necesarias para su desarrollo. En el más amplio marco de la protección integral del niño, la Convención contiene disposiciones que establecen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y moral; y al compromiso de los Estados de tomar las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres -art. 27 incs. 1, 2 y 4.- ^ “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, aprobada mediante Ley 23.179, que insta a los Estados partes a tomar las medidas apropiadas para el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, cuyo interés constituirá la consideración cardinal en todos los casos -art. 5 inc. b) y 16 inc d). ^ “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, ratificada por ley 24.632, conocida como Convención de Belem do Pará, la que al aludir a los deberes del Estado dispone establecer procesos

Expediente Nro. 1343916 – 21 / 34

legales justos a un juicio oportuno, debiendo tomar especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer que está en situación socio económica desfavorable –arts. 7. inc. b) y f) y 9. ^ Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, buscan garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, considerando tales aquellas que por razón de su edad, género o por circunstancias sociales, económicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico -sección 2 art. 1o- Se entiende por “víctima” a: 1- toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal incluido tanto la lesión física psíquica moral y el perjuicio económico, 2- la familia inmediata o a la persona que esté a cargo de la víctima directa –art. 5a-. La vulnerabilidad puede deberse a sus propias características personales o bien de la circunstancia de la infracción penal, destacándose a estos efectos entre otras víctimas a las personas menores de edad y a la víctima de violencia doméstica o intrafamiliar. Se procura establecer asimismo la protección por victimización reiterada o repetida en todas las fases de un procedimiento penal – cuando una misma persona es víctima de más de una infracción penal por un período de tiempo-. ^ Ley Nacional No 26.061: tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte –art. 1o-. Establece que la “Convención sobre los Derechos del Niño” es de aplicación obligatoria –art. 2o-. Explicita que por interés superior de la niña, niño y adolescente se entiende la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley –art. 3o-. Determina la responsabilidad gubernamental para la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos

Expediente Nro. 1343916 – 22 / 34

colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas -art. 5 inc. 2o-. Consigna de igual modo, que el padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos -art. 7o-; instaura el derecho a la dignidad y la integridad de los niños como sujeto de derecho art. 9o- y el principio de efectividad para garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en la ley –art. 29o-. ^ Ley Provincial de Violencia Familiar 9283, tutela la integridad física, psicológica, económica y sexual, así como el desarrollo psicoemocional de los integrantes del grupo familiar – arts. 1, 2 -. Define la violencia económica, como aquella provocada por acciones u omisiones cuya manifiesta ilegitimidad implique daño, pérdida, sustracción de recursos económicos por los cuales las víctimas no logran cubrir sus necesidades básicas –art. 5 inciso d)-. ^ Ley Provincial 9944 de Promoción y Protección Integral de los Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia de Córdoba, de aplicación obligatoria en el territorio provincial, y consagra la prioridad del interés superior del niño en las decisiones que se adopten – art. 1, 2, 3 -. Entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente a la máxima satisfacción -integral y simultánea- de los derechos y garantías reconocidos en esta Ley y los que en el futuro pudieren reconocérsele. Instruye además a los organismos del Estado a asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para la familia, y para que los padres puedan asumir, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones -art. 9 tercer párrafo-. Refuerza el principio de efectividad –art. 11- y el derecho a la dignidad, a la obtención de una buena calidad de vida, y a la integridad personal de los niños como sujetos de derecho -arts. 11, 12 y 13 incs. a y d. ^ Es importante resaltar la normativa que enfatiza el derecho a la salud en la niñez (arts. 24 CDN, 14 Ley 26.061 y 17 Ley 9944), en particular por la afección que padece la menor de edad, respecto de la cual la progenitora es la única que asiste y cuida a la

Expediente Nro. 1343916 – 23 / 34

niña. Al respecto y conjugando dicho articulado con el 7 de la ley 26.061, es claro que la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el ejercicio de sus derechos y garantías. Por ende, y en lo que aquí concierne se destaca que la legislación establece que el padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado y desarrollo de sus hijos. ^ Se resalta en párrafo aparte la importancia de la reforma operada en el Código Civil y Comercial de la Nación (TÍTULO VII. CAPÍTULO 1. Principios generales de la responsabilidad parental Artículo 638. Responsabilidad parental. Concepto). La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. El lenguaje no es neutro y ello fue expresamente resaltado en los “Fundamentos del Anteproyecto“:… el lenguaje tiene un fuerte valor pedagógico y simbólico; por esta razón, se considera necesario reemplazar la expresión „patria potestad‟ por la de „responsabilidad parental‟, denominación que da cuenta de los cambios que se han producido en la relación entre padres e hijos. La palabra „potestad‟, de origen latino, se conecta con el poder que evoca a la „potestas‟ del derecho romano centrado en la idea de dependencia absoluta del niño en una estructura familiar jerárquica. Por el contrario, el vocablo „responsabilidad‟ implica el ejercicio de una función en cabeza de ambos progenitores que se manifiesta en un conjunto de facultades y deberes destinados, primordialmente, a satisfacer el interés superior del niño o adolescente”. (Cf.” Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación elaborados por la Comisión Redactora”, en Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Bs. As., Ediciones Infojus, 2012). Es menester recordar que a nivel local, el Dr. Alberto Crucella, ex Magistrado de la Justicia de Menores, ordenó en causas de incumplimiento, la imposición de pena efectiva a los

Expediente Nro. 1343916 – 24 / 34

infractores a la ley 13.944. Sobre el particular ponía de resalto la relación padre-hijos, y la necesidad de que los adultos tomen con seriedad la responsabilidad que les cabe respecto de sus chicos. Más acá en el tiempo, lo mismo ha acontecido con el Sr. Juez en lo Penal Juvenil Dr. González del Solar, y en fecha más próxima, el Juzgado Penal Juvenil de Séptima Nominación, a cargo de la Dra. Nora Giraudo in re “Acosta”, de fecha 01/11/2013, impuso pena efectiva a un incumplidor. 2.- Al repasar la normativa enunciada, es claro que la omisión alimentaria constituye para la ley una violencia, la que por la índole y modalidad, es de carácter económica, al privar reiteradamente y con continuidad de los medios básicos de subsistencia al menor de edad, colocando a su representante legal – en el caso la progenitora – en la difícil situación de afrontar por si misma toda la manutención y los gastos atinentes de la niña, que además, en este caso, padece de retardo mental y déficit atencional con hiperactividad (ver certificado médico de fs. 479). Este es precisamente el accionar en el que incurre R. H. H. , ya que han sido infructuosas todas las medidas previas adoptadas en el marco del proceso, antes y después del debate, minimizando el prevenido las consecuencias de su accionar irresponsable como progenitor obligado al cumplimiento alimentario. 3.- En concordancia a ello, se desprende que pese a que R. H. H. en un primer momento tuvo la posibilidad que acuerda la ley en estos casos de delitos – suspensión del juicio a prueba – la misma tuvo que ser revocada (A.I No 29 de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce de fs. 206/209), al no cumplimentar las condiciones estipuladas: a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Departamento de Reinserción Social del Liberado de la Provincia de Córdoba. b) Continuar con su oficio, arte, industria o profesión. c) Ejecutar tareas comunitarias en el Dispensario sito en calle A. de B° H. I. de esta ciudad, al cual deberá concurrir tal como voluntariamente lo ha manifestado, tres horas a la semana, por el término de dos meses, a fin de realizar trabajos de mantenimiento, todo ello en concepto de

Expediente Nro. 1343916 – 25 / 34

satisfacción del mínimo de la multa conforme lo previsto por el párrafo quinto del art. 76 del Código Penal y lo autorizado por el art. 21 –tercer párrafo- del mismo cuerpo legal, debiendo acreditar su principio de ejecución en el término de quince días a partir de la notificación del presente. d) Presentarse mensualmente, del diez al quince de cada mes, por ante la sede del Tribunal a fin de acreditar el cumplimiento de sus deberes de asistencia familiar con respecto a su hija V. H. B. , mediante presentación de comprobante de depósito en Caja de Ahorro N° 0030349207, todo ello con arreglo a lo estatuido por los arts. 76 bis y 76 ter en función del 27 bis del Cod. Penal. A más de ello, pongo de resalto las conclusiones del estudio social practicado en el domicilio de la menor de autos, agregado a fs. 426/427 “[...] De la presente intervención surgiría que el motivo del incumplimiento de asistencia familiar parte del Sr. H. radica en una desimplicación subjetiva frente al cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades parentales. Agravado por una falta de registro afectivo por su hija V. quien padece una problemática genética de salud que requiere atención y cuidados especiales y conllevan la atención especializada. La Sra. refiere que el Sr. es empleado de una metalúrgica y cobra un sueldo. SUGERENCIAS DE SOLUCIÓN: La Sra. B. ya atravesó por diferentes instancias judiciales sin encontrar respuesta de compromiso ni actitud responsable en el cumplimiento de sus deberes y asunción de sus obligaciones de asistencia familiar por parte del Sr. H. Motivo por el cual considera que la justicia debe arbitrar los medios para que el Sr. cumpla con sus obligaciones parentales”. 4.- Efectivizado el juicio, fue notificado fehacientemente del decisorio aludido (Sent. N° 44, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince), cuyas reglas de conducta establecían: 1) Fijar domicilio. 2) Acreditar ante el Tribunal del diez al veinte de cada mes en forma consecutiva, el cumplimiento de la prestación alimentaria mínima e indispensable ofrecida en relación a su hija V. H. B. a los fines de hacer cesar los

Expediente Nro. 1343916 – 26 / 34

efectos del delito, consistente en la suma de pesos un mil doscientos ($1200) mensuales, la que debe ser oblada en la cuenta de ahorro abierta en el Banco Provincia de Córdoba a tal fin. Dicho monto deberá ser actualizado en forma proporcional al incremento del salario que se perciba y en correlato al índice del costo de vida medido por Organismo Oficial. 3) Presentar los comprobantes que acrediten el cumplimiento de la prestación asistencial en forma mensual por ante este Tribunal. 4) Mantener oficio, arte, industria o profesión adecuada a su capacidad. 5) Someterse al contralor del Patronato de Presos y Liberados y 6) No cometer nuevos delitos. (art. 27 bis y ccdtes. del C.P.). 5.- No obstante ello la conducta omisiva de H. se reitera durante los meses de diciembre de dos mil quince, enero y febrero de dos mil dieciséis, pero tras el depósito de la suma correspondiente a esos meses adeudados –constancia incorporada el 11 de marzo de 2016, la presentación de H. durante ese mismo mes – 13 de marzo de 2016 – en la Dirección de Patronato del Liberado (ver informe de fs. 637), y a instancias del dictamen del Ministerio Público Fiscal, por Auto Interlocutorio N° 6, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis se dispuso “[...] Evaluar la conducta de R. H. H. en los próximos meses, estimando como prudente un plazo no inferior a tres meses, a los fines de analizar si se cumple con las reglas de conducta, y particularmente con los depósitos de la prestación asistencial en relación a su hija menor de edad como también su concurrencia al Patronato del Liberado”. (fs. 619/625). No obstante, posteriormente a ello no se ha acreditado en la causa un cumplimiento de las reglas consignadas. 6.- En este sentido s e glosa además certificado de la actuaria de fs. 699, de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, cuyo contenido refiere que R. H. H. no ha comparecido por ante esta sede ni ha acompañado comprobantes de pago de su obligación alimentaria para con su hija menor de edad V. H. B. después del mes de marzo del año en curso y hasta la fecha. Tampoco existen constancias que acrediten el

Expediente Nro. 1343916 – 27 / 34

cumplimiento de las condiciones impuestas por Sentencia N° 44, de fecha 29/09/2015, ni su concurrencia a la Dirección de Patronato del Liberado. Esto demuestra un claro incumplimiento de R. H. H. a las reglas establecidas (art. 27 bis última parte del C.P), lo que deriva a que el tribunal deba revocar la condicionalidad de la condena, tal como también lo han solicitado los Ministerios Públicos. 7.- De las vistas evacuadas, tanto la Fiscalía Penal Juvenil como el Sr. Asesor de Niñez y Juventud intervinientes han coincidido en señalar que debe revocarse la condena condicional impuesta a R. H. H. , y proceder de inmediato a la ejecución de la pena impuesta en la Sentencia N° 44, todo ello a tenor del art. 513 del C.P.P. 8.- Se registran numerosas citaciones que se han efectuado a H., sin éxito, hasta el punto que la misma defensa refiere que ha perdido todo contacto con el imputado. Además, a través del comisionado Pablo Medina, fue constatado debidamente el domicilio actual de H. que coincide con el fijado en autos, sumado a que se dejó la citación en poder de su pareja actual, la que expresamente hacía constar el día y hora en que debía comparecer a sede judicial con los comprobantes de pago más el apercibimiento de revocar la condicionalidad de la pena. VI) Como corolario de todo lo expuesto, la suscripta no acuerda con lo peticionado por la defensa técnica de R. H. H. a fs. 694. Doy razones: a) En dicha oportunidad la letrada sugirió la realización de una encuesta socio ambiental en el domicilio fijado en autos por H. a los fines de ubicar el paradero de su pupilo procesal. En relación a ello es dable destacar que, atento lo ordenado por el tribunal a fs. 698, se receptó declaración testimonial al comisionado adscripto a esta dependencia Cabo Primero Pablo Ariel Medina quien refirió que: “se constituyó en la calle U. n° 3668, de B. H. I. de esta ciudad y allí entrevistó a la Sra. R. M., quien le refirió que hace 60 años vive en ese domicilio y es vecina del Sr. R. H. H. , quien vive junto a su padre, esposa y dos hijas menores de edad, a una casa de por medio de la

Expediente Nro. 1343916 – 28 / 34

suya, es decir a la altura N° 3662 de calle U. En relación a R. H., le expresó que lo ve todos días, en efecto lo vio ese mismo día por la mañana – 13/10/2016-, cree que se iba a trabajar. Seguidamente el compareciente se constituyó en el domicilio del nombrado sito en calle U. N° 3662 de B. H. I., y allí fue atendido por la Sra. V. S., DNI xxx, esposa de R. H. H. quien refirió que su marido no se encontraba presente, que estaba trabajando y que regresa en horario de la tarde. Seguidamente el dicente le entregó la citación librada por este Tribunal y se comprometió a dársela a su marido esa misma tarde”. De ello se desprende que ha quedado constatado en forma fehaciente que H. continúa residiendo en el mismo domicilio que el fijado en autos, y que allí se han cursado las últimas citaciones que fueron recibidas por V. S. , actual pareja. (fs. 668, 669, 670, 697). b) En la misma vista precitada, la Asesora Letrada Penal del Decimonoveno Turno requirió de manera residual que “[...] En caso que VS entienda que deberá revocarse la condicionalidad de la condena, deberá tenerse en cuenta lo previsto por el art. 35 de lay 24.660 en cuanto prescribe que “…cuando se revocare la condenación condicional prevista en el artículo 26 del Código Penal por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el art. 27 bis del Código Penal…” se podrá disponer la prisión discontinua o semidetención, las que consisten en modalidades de cumplimiento de la pena privativa de libertad que adquieren mayor relevancia en casis como el que nos ocupa, donde el imputado H., debe afrontar un deber alimentario de imposible cumplimiento ante la pérdida de su fuente laboral”. En este sentido calificada doctrina ha señalado “[...] Entre las alternativas para situaciones especiales, se incluyen la prisión discontinua y la semidetención, a través de las cuales se procura que el cumplimiento de ciertas penas (de escasa cuantía o modalidad atenuada de ejecución) se realice en condiciones de mayor flexibilidad en cuanto al establecimiento y el avance en la

Expediente Nro. 1343916 – 29 / 34

progresividad… Ambas modalidades implican una atenuación porque los condenados se alojarán en un establecimiento basado en la autodisciplina, en lugar de un establecimiento basado en la autodisciplina, en lugar de un establecimiento cerrado o parcialmente basado en autodisciplina. Asimismo, el cómputo de la pena es más favorable. Configuran un mayor avance en la progresividad porque evitan las consecuencias resocializadoras en prisión, posibilitando salidas con fines acordes con la reinserción social, característica del periodo de prueba. Estas modalidades incluyen a los condenados en las actividades individualizadas para el tratamiento durante su permanencia en el establecimiento. Se otorgan bajo condiciones compromisorias consistentes en la presentación en las oportunidades de reingreso, las reglas convivenciales en el medio libre y el establecimiento y acatamiento da la supervisión dispuesta. (Cf. De la Rúa – Tarditti “Derecho Penal – Parte General”- Editorial Hammurabi, 2014 pág. 625,626). c) En este marco de análisis, y pese a los argumentos de la defensora, se tiene en cuenta lo resuelto por el más Alto Tribunal de la provincia al decir: “La ley 24.660 bajo el título de “alternativas para situaciones especiales” prevé distintos mecanismos a los que puede recurrir el juzgador al momento de la determinación del modo de cumplimiento de la condena. Concretamente el art. 35 dispone “El juez de ejecución o juez competente, a pedido o con el consentimiento del condenado, podrá disponer la ejecución de la pena mediante la prisión discontinua y semidetención”. Por cierto que esta posibilidad dependerá no sólo de la aquiescencia del penado, sino también de las concretas posibilidades de asegurar que no se sustraerá -sin autorización- de la vigilancia del Tribunal de Ejecución”. (Cf. TSJ, Sala Penal, S. n° 121, 18/12/2003 “Falon, Alfredo Martiniano p.s.a. Robo Calificado – Recurso de casación”). Lo referenciado indica que no es posible aplicar estas modalidades que suponen autodisciplina y cumplimento estricto de condiciones compromisorias, a quien ha evidenciado a lo largo de este

Expediente Nro. 1343916 – 30 / 34

proceso, contumacia, incumplimientos reiterados, no sólo de las reglas de conducta impuestas, sino también de la prestación asistencial en favor de su hija menor de edad, como una significativa incapacidad de aprovechar todas y cada una de las oportunidades que se le brindaron: alternativas al juicio en primer lugar, y a la pena efectiva en segundo lugar. Se ha efectuado al respecto una cuidadosa exposición de las diferentes instancias que constan en la causa en los apartados que anteceden – a los cuales me remito a fin de evitar inútil repetición – ; y en especial a todas las constancias que evidencian las reiteradas oportunidades en que H. no ha comparecido al juzgado ni se ha preocupado en acreditar su deber de cumplimiento alimentario para con su hija menor de edad, quien a su vez padece de una afección en su salud que merece un cuidado y atención especiales. La actitud que ha mantenido para con su hija se ha caracterizado por un total desinterés, indiferencia frente a sus necesidades vitales, despreocupación y ausencia de empatía. Indudablemente H. no ha demostrado respeto hacia los derechos de su hija ni tampoco al tribunal, por lo que se puede decir que estamos frente a un contumaz, ya que la actitud asumida frente al proceso judicial implica claramente un comportamiento de oposición a la concreción de todos los actos necesarios y atinentes al desenvolvimiento de la causa. En efecto ha desobedecido los mandatos judiciales, no ha concurrido al tribunal pese a las reiteradas citaciones, y consecuentemente no ha acreditado el cumplimiento de la prestación asistencial al acreedor alimentario conforme normativa vigente, vulnerando los derechos esenciales de la menor. Los alimentos son una cuestión de orden público, de carácter imperativo y es de interés del Estado asegurar que aquellos que detentan el derecho a percibirlos, cuenten con los medios para hacerlo. El derecho de percibir alimentos es un derecho humano básico y fundamental. d) Un aspecto medular configurativo de la función parental es el de cuidar de su prole. En el caso particular que nos ocupa, es positivo recordar que otros tribunales del país han destacado la

Expediente Nro. 1343916 – 31 / 34

importancia del cumplimiento de la prestación asistencial: “El deber de proveer alimentos a sus hijos es de tal entidad que los padres no pueden excusarse aduciendo la falta de trabajo o la disminución de ingresos, ya que quien ha engendrado un hijo asume el deber de proveer de sus necesidades, no solo en su interés sino en el de la sociedad. Por eso los progenitores deben realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios para desempeñar trabajos productivos sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando ingresos insuficientes cuando no existen dificultades insalvables”.(Cf. CNCiv., Sala F, “F. C., M. I. c/ P., R. J.”, 13/10/2000, LL 2001-D, 836 AR/JUR/3376/2000). Y más aún: “El progenitor cuyo ingreso no es suficiente para atender las necesidades del hijo, tiene la responsabilidad de dedicar parte de sus horas libres, en una medida razonable, a tareas remuneradas con las cuales poder completar la cuota alimentaria, e incluso tiene el deber de reemplazar el trabajo escasamente remunerado por otro de mejor ingreso aunque ello importe mayores esfuerzos”. (Cf.CNac. Apel. Civ., Sala H, “B., E. J. H. y otros v. S., M. A.”, 30/11/1998, AR/JUR/4603/1998). Estos fallos se destacan al ratificar la importancia fundamental de que los progenitores provean al desarrollo de sus hijos, y en cuestiones de alimentos no omitan voluntariamente el cumplimiento al que están obligados por ley. VII) Por todo lo hasta aquí señalado, a tenor de las previsiones de los arts. 27 bis última parte del C.P., y 513 del C.P.P., en coincidencia a los dictámenes de los Ministerios Públicos, corresponde revocar la condena de ejecución condicional respecto de R. H. H. , ya filiado, por el delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar (Ley 13944), la que fue establecida por Sentencia No 44, y ordenar su inmediata detención para su posterior alojamiento en el Complejo Penitenciario Padre Luchesse de esta ciudad de Córdoba, a fin de que cumpla la condena impuesta de un año y dos meses de prisión, y donde se le ofrezca: a) asistencia psicoterapéutica que le permita adquirir los recursos adecuados

Expediente Nro. 1343916 – 32 / 34

para afrontar su problemática, modificar desde lo intrínseco su posicionamiento subjetivo inmaduro, reflexionar sobre sus conductas presentes o pasadas, proyectar cambios a futuro tendientes a asumir el rol paterno y todos los compromisos que éste conlleva; b) instrucción específica respecto a sus deberes como padre, con un enfoque particularizado hacia el conocimiento e internalización de los derechos humanos, especialmente dirigido a los derechos de la niñez en el marco legal vigente y en función de la responsabilidad parental que le compete; c) trabajo remunerado, en cuyo caso, parte del salario, en la proporción de ley, deberá ser destinado al pago de la cuota alimentaria respecto de su hija V. H. B. Por todo lo antes expuesto y normativa legal citada, RESUELVO: I) Revocar la condena de ejecución condicional respecto de R. H. H., ya filiado, por el delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar (Ley 13944), la que fue establecida mediante Sentencia Número 44, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, y fijada en un año y dos meses de prisión (arts. 27 bis última parte del C.P, y 513 del C.P.P.). II) Ordenar su inmediata detención para su posterior alojamiento en el Complejo Penitenciario Padre Luchesse de esta ciudad de Córdoba, a fin de que cumpla la condena impuesta fijada en un año y dos meses de prisión y donde se le ofrezca: a) asistencia psicoterapéutica que le permita adquirir los recursos adecuados para afrontar su problemática, modificar desde lo intrínseco su posicionamiento subjetivo inmaduro, reflexionar sobre sus conductas presentes o pasadas, proyectar cambios a futuro tendientes a asumir el rol paterno y todos los compromisos que éste conlleva; b) instrucción específica respecto a sus deberes como padre, con un enfoque particularizado hacia el conocimiento e internalización de los derechos humanos y perspectiva de género, especialmente dirigido a los derechos de la niñez en el marco legal vigente y en función de la responsabilidad parental que le compete; c) trabajo remunerado, en cuyo caso, parte del salario, en la proporción de ley, deberá ser

Expediente Nro. 1343916 – 33 / 34

destinado al pago de la cuota alimentaria respecto de su hija V. H. B.

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y OFÍCIESE.-

YUCRA, María Fernanda PROSECRETARIO LETRADO

MERLO de ROSSI, Liliana Beatriz JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

Expediente Nro. 1343916 – 34 / 34

Deja un comentario