OBRA SOCIAL. SUBSISTE LA AFILIACION UNA VEZ JUBILADO

La Sala I de la Cámara Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, condenó a la Obra Social “Unión personal” a mantener la afiliación de una empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que al momento de jubilarse fue dada de baja de la misma.

La Cámara sostuvo que ” con la creación del INSSJP no se produjo un pase automático de los beneficiarios de las obras sociales al ente creado mediante la última de las normas, sino que tal transferencia se encontraba supeditada a la opción que voluntariamente realizaran quienes estuvieren interesados en ello, pues en caso contrario, mantendrían su afiliación a aquéllas”.

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA ICAUSA 3038/2013 -I-“FENIELLO FELISA ROSA C/ Juzgado nº 8UNIÓN PERSONAL S/ AMPARO”Secretaría nº 15 Buenos Aires, 26 de febrero de 2015.Y VISTO:El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 212/215contra la sentencia de fs. 194/196, el que se encuentra contestado a fs. 219/228, yCONSIDERANDO:1. El señor Juez subrogante hizo lugar a la acción interpuesta y, en consecuencia, condenó a la obra social demandada a mantener en forma definitiva la afiliación de la actora -junto con su esposo-, bajo la modalidad del plan Classic 0002, con costas.Los agravios que esta decisión causa a la recurrente pueden ser sintetizados del siguiente modo: a) la actora se desempeñó como empleada dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, habiendo obtenido el beneficio de la jubilación, y por aplicación de lo dispuesto en los arts. 8, 9 y 10 dela ley 23.660, su obligación de cobertura subsiste por un plazo de tres meses a partir de la desvinculación laboral del afiliado, a cuyo término vence; b) habidacuenta de que la obra social demandada no se encuentra incluida en el listado confeccionado por la Superintendencia de Servicios de Salud, la actora no puede hacer uso de opción alguna (en el marco de los decretos 292/95 y 492/95); c)Unión Personal no tiene convenio vigente con el Instituto Nacional de ServiciosSociales para Jubilados y Pensionados, dada la rescisión operada por falta de pago; d) dicho Instituto es la obra social natural y obligatoria para la actora (ley19.032), puesto que los aportes retenidos sobre los haberes de jubilados y pensionados ingresan exclusivamente al PAMI; e) por último, cuestiona la imposición de costas, sosteniendo que -dado que se solicita la revocación de la sentencia- aquéllas deberían ser impuestas al accionante y, asimismo, objeta los honorarios regulados al letrado de la parte actora por considerarlos elevados.2. En primer lugar se debe tener en cuenta que, como ha sido sostenido reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos invocados por las partes o laspruebas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la controversia (Fallos: 276:132; 280:320,303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121; esta Sala, causa 1194/95 del 12.2.98, entra muchas otras).En tales condiciones, corresponde recordar que esta Sala, en ocasión de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la medida cautelar dictada en autos, confirmó la decisión recurrida, teniendo en cuenta que la accionante había requerido que se mantuviera su afiliación luego de otorgado el beneficio jubilatorio y obtuvo una respuesta negativa (ver pronunciamiento obrante a fs. 100/101, a cuyos fundamentos cabe remitirse).3. Ello sentado, cabe poner de manifiesto que, como se ha decidido en otras ocasiones, a partir del examen simultáneo de las leyes 18.610, 18.980 y19.032, con la creación del INSSJP no se produjo un pase automático de los beneficiarios de las obras sociales al ente creado mediante la última de las normas, sino que tal transferencia se encontraba supeditada a la opción que voluntariamente realizaran quienes estuvieren interesados en ello, pues en caso contrario, mantendrían su afiliación a aquéllas (conf. C.S.J.N., A.354XXXIV,“Albónico Guillermo Rodolfo y otro c/ Instituto Obra social”, del 8.5.2001; estaSala, causas 16.173/95 del 13.6.95, 30.317/95 del 12.10.95, 31.031/95 del27.6.96, 33.425/95 del 5.9.96, 42.050/95 del 6.3.97, 889/99 del 8-6-99, 4221/97del 16.9.99, 5931/98 del 18.11.99, 2151/99 del 17.2.2000, 435/99 del 16.3.2000 y436/99 del 13.4.2000; Sala II, causa 39.356/95 del 13.2.96 y Sala III, causa4229/98 del 4.11.99 y sus citas).Asimismo, se estableció que la ley 23.660, especialmente en su art.8º, y su decreto reglamentario 576/93, confirmaron que la mera circunstancia de obtener la jubilación no implicaba -sin más- la transferencia del beneficiario alINSSJP, sino que subsistía para el ex trabajador el derecho de permanecer en la obra social que le prestaba servicios hasta entonces; conclusión que, a su vez, fue ratificada por el art. 20 de la ley 23.660 y su norma reglamentaria, al disponer que cuando el afiliado escogiese un agente de seguro distinto del INSSJP, éste debería transferir en igual plazo el monto equivalente al costo de módulo de Régimen deAtención Médica Especial para pasivos, que se garantiza a todos los jubilados y pensionados. Las razones hasta aquí brindadas resultan suficientes para desestimar el agravio de la demandada sobre la base de la rescisión del acuerdo celebrado con el INSSJP, ya que tal convenio constituye una negociación ajena al beneficiario, de modo que el incumplimiento en que pudiera haber incurrido elINSSJP no es oponible a la aquí accionante, pues su vinculación con la demandada se funda en su afiliación mientras se encontraba en actividad (conf.esta Sala, causa 436/99 del 13.4.2000; en igual sentido, causa “Albónico” antes citada).4. En relación a las restantes críticas, también resulta pertinente recordar que el art. 10, inc. c, de la ley de obra sociales dispone que el carácter de beneficiario, otorgado en el inc. a) del art. 8, y en los incs. a) y b) del art. 9 de la misma ley, subsistirá mientras se mantenga el contrato de trabajo o la relación de empleo público y el trabajador o empleado reciba remuneración del empleador, salvo en el supuesto de extinción del contrato de trabajo, en cuyo caso los trabajadores que se hubiesen desempeñado en forma continuada durante más de tres meses, mantendrán su calidad de beneficiarios durante un período de tres meses, contados desde su distracto, sin obligación de efectuar aportes (inc. a).En ese contexto normativo, se debe interpretar que el distracto que contempla la norma no es el que tiene lugar con motivo de la jubilación del trabajador (lo que acontece en el caso de autos), sino el que se verifica por otras circunstancias, como son las previstas en los distintos incisos del artículo, pues de otro modo quedaría sin contenido el art. 8 de la ley 23.660, en cuanto establece en su inc. b), con carácter general, que quedan obligatoriamente incluidos en calidad de beneficiarios los jubilados (conf. esta Sala, causas 5931/98 del 18.11.99,3889/98 del 23.5.2000, 4905/98 del 10.4.2001, 7179/2000 del 19.4.2001, 101/02del 12.2.02; Sala II, causa 2132/97 del 28.12.99).5. Asimismo, y en cuanto al agravio sustentado en la imposibilidad de optar por la obra social accionada con motivo de que no se encuentra inscripta en el registro de prestadores creado por los decretos 292 y 492 -ambos del año1995-, cabe reiterar que el derecho de la accionante a las prestaciones médico asistenciales que le corresponden por su carácter de afiliada, radica en el vínculo de origen que los une, y no en la opción que prevén dichas normas o en el convenio que invocara la recurrente. Por lo demás, los decretos mencionados por la apelante, aparte de alentar la posibilidad de que los beneficiarios del SistemaNacional del Seguro de Salud elijan a quien le brinde la cobertura, no impiden que quienes gozaban de ella continúen bajo su misma protección (conf. esta Sala, causa 33.425/95 citada, cuyo criterio ha sido confirmado por el Alto Tribunal en“Albónico”).6. Finalmente, y en lo que respecta a la imposición de las costas, corresponde mantener lo decidido por el sentenciante, habida cuenta de los términos en los cuales el tema ha sido planteado y la solución que se dispone respecto de la cuestión de fondo.Por ello, SE RESUELVE: confirmar la sentencia en cuanto fue materia de agravios. Las costas de Alzada se imponen a la recurrente.Teniendo en cuenta el mérito, la extensión y la eficacia de la labor profesional cumplida en la primera instancia -y a la naturaleza y resultado del litigio-, se fijan los honorarios de la dirección letrada de la actora, en conjunto, enSIETE MIL QUINIENTOS pesos ($ 7.500), manteniendo entre los profesionales intervinientes la no impugnada proporción establecida por el señor Juez (arts. 6,37 y 39 de la ley 21.839, modificada, en lo pertinente, por la ley 24.432.Por los trabajos de Alzada correspondientes a la resolución de fs.100/101 y al presente pronunciamiento, y considerando el resultado de los recursos, se regulan los honorarios del Dr. Flavio Salice Zabala en la suma deDOS MIL QUINIENTOS pesos ($ 2.500); art. 14, 33 y cit. del arancelEl doctor Francisco de las Carreras no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).Regístrese, notifíquese y devuélvase.