Libertad de expresión y sanción administrativa. El caso de los funcionarios públicos y los jueces frente al uso de las redes sociales

Autor: Oyhanarte, Martín
Fecha: 2-nov-2018
Cita: MJ-DOC-13746-AR | MJD13746
Sumario:
I. Introducción. II. La libertad de expresión como valor eminente. III. El caso de los funcionarios estatales y los jueces. IV. Las redes sociales como medio de expresión. V. Algunos supuestos específicos. V.a. Injurias y expresiones indecorosas. V.b. Críticas a las partes, auxiliares o colegas. V.c. Materia política. VI. Conclusión.
Doctrina:
Por Martín Oyhanarte (*)
Abstract: En el presente trabajo se examina cuál es el alcance que debe darse al derecho fundamental de libre expresión en el contexto del empleo público. En particular, se analizan cuáles son los estándares y requisitos constitucionales que condicionan el ejercicio de la potestad sancionatoria en el plano administrativo por el uso inadecuado de las redes sociales en el caso de empleados estatales en general, y de los jueces en particular.
I. INTRODUCCIÓN
El uso de las redes sociales es parte de nuestra vida cotidiana y profesional. Facebook, Twitter, o los blogs jurídicos son tan solo algunas de las plataformas que permiten informarnos, interactuar con otros actores del quehacer jurídico y, sobre todo, expresar libremente nuestras ideas. Organismos estatales, asociaciones profesionales, universidades, jueces y abogados recurren a estos medios de comunicación con fines pedagógicos, de difusión o de debate sobre temas de interés jurídico o de cualquier otra índole.
Esta participación es, en general, saludable y positiva. Acerca a la ciudadanía a los tribunales y facilita la deliberación pública sobre los problemas legales. Sin embargo, el carácter masivo de estos medios de comunicación digital, así como su velocidad, inmediatez e informalidad, generan con frecuencia la falsa noción de que su uso está más allá de toda regulación y fuera del sistema de responsabilidad civil, penal o administrativa. Ello puede resultar especialmente nocivo para la adecuada gestión de cualquier dependencia estatal. Con mucha mayor razón, si esa dependencia tiene como objetivo la prestación del servicio público
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Fuente: MicroJuris Argentina – http://aldiaargentina.microjuris.com/

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