Daño moral por la adquisición de un automotor con Falta de elementos de seguridad adicionales.

Autos: Molina, Eduardo Mario c/ Fiat Auto S.A. de Ahorro Para Fines Determinados y otro s/ Sumarísimo

Tribunal: Cámara en lo Civil y Comercial Común, Concepción, Tucumán;

Fecha: 03-06-2016

Si el consumidor contrató y pagó para tener un vehículo equipado con elementos de seguridad de eficacia superior -frenos ABS, air bags y bloccaggio diferenciale-, con la expectativa de contar con mayor seguridad para él y su familia, y la empresa demandada no entregó el vehículo con las condiciones de seguridad contratadas, resulta procedente el daño moral fijado por el a quo en 10.000 pesos, pues de lo que se trata en el caso es de la frustración por la privación de elementos de gran importancia para la seguridad, cuya ausencia potencia el riesgo de la circulación y, eventualmente, podría comprometer la integridad física y la vida misma del consumidor y su grupo familiar.

Texto del Fallo:

AUTOS Y VISTOS
Para resolver los recursos de apelación de la parte actora, de Fiat Auto SA de Ahorro para Fines Determinados, y Fadua SA contra la sentencia de fecha 14 de octubre de 2015 de fs. 121/128, dictada por la Sra. Juez en lo Civil y Comercial Común de la Iª Nominación en los autos: “Molina Eduardo Mario c/ Fiat Auto SA de Ahorro para fines determinados y otros s/Sumarísimo” – expediente nº 21/13
CONSIDERANDO
1. Antecedentes
Se sintetizan a continuación los antecedentes del caso.
El actor promovió acción de cobro de pesos por reintegro del precio pagado en exceso por elementos de seguridad consistentes en frenos ABS, air bags para conductor y pasajero y blocaggio diferenciale P., de un vehículo que adquirió través de la concesionaria Fadua SA a la administradora de un plan de ahorro, Fiat Auto SA de Ahorro para fines determinados. Relató que suscribió un contrato de plan de ahorro para la compra de un vehículo, y que al momento de la adjudicación decidió cambiar el modelo por un Fiat Strada Adventure doble cabina, con los elementos antes mencionados. Luego de la entrega del vehículo advirtió que no tenía los elementos de seguridad referidos, y ante la negativa de las demandadas para darle solución, promovió juicio para que se le reintegre el precio pagado en exceso por los elementos faltantes, y para que se le abone indemnizaciones por daño moral y punitivo, intereses y gastos.
Ambas demandadas negaron responsabilidad por el perjuicio.
Mediante prueba pericial mecánica se comprobó que la unidad entregada no tenía frenos ABS, air bags, ni bloccaggio diferenciale.
La sentencia de fecha 14 de octubre de 2015 hizo lugar a la demanda y condenó al pago de la suma de $ 20.000 en concepto de daño emergente por la diferencia de precio a la fecha de la sentencia entre el vehículo entregado y aquél por el cual se pagó la suma de $ 90.712,07. La Sra. Juez consideró procedente el reclamo de resarcimiento por daño moral por la suma de $ 10.000. A causa de la conducta de las demandadas, estimó que corresponde condenar al pago de $ 20.000 en concepto de la multa prevista en el art. 52 de la Ley 24240. En total ordenó pagar $ 50.000 con intereses (fs. 127).
El caso fue enmarcado en los preceptos de la Ley 24240. Consideró que hubo dos relaciones jurídicas autónomas: por un lado, el contrato de agencia celebrado entre el preponente la empresa organizadora Fiat Auto SA de Ahorro, con el concesionario Fadua SA en calidad de agente. Por otro lado, determinó que el vínculo entre el adherente adquirente, el actor, estuvo regido por un contrato de adhesión al círculo y posterior de transferencia y financiación del saldo, que suscribió con la empresa organizadora y administradora del sistema y con la financiera que ella determinó. Estableció que el concesionario asumió el rol de agente intermediario promotor de la operación con derecho a percibir una comisión por su gestión. Expuso que por la conexidad entre ambos contratos y de acuerdo con el precepto del art. 40 de la Ley 24240, ambos demandados deben responder de modo concurrente.
El actor y los codemandados apelaron la sentencia.
2. Agravios del actor
El actor planteó que la cifra de condena por daño punitivo es reducida y no cumple con la finalidad del instituto. Manifestó que no se consideró que la conducta de la demandada estuvo reñida con la moral y la buena fe, al no merituar que el automotor fue entregado sin los accesorios que pagó. Añadió que la descripción del automóvil en el legajo del automotor en el Registro no concuerda con la unidad entregada. Destacó que el daño es superior a la diferencia de precio del vehículo, pues el automotor que figura en la documentación tiene un valor mayor, lo que se traduce en incremento en impuestos y seguros, que se calculan en un porcentaje de la valuación.
Resaltó que el daño más grave y no considerado, es que cuando pretenda vender su automotor, quien compre compulsará la documentación del Registro del Automotor, que no concordará con los datos que están en el certificado de fabricación, donde se consigna que el rodado está dotado de elementos de seguridad que no tiene. Sostuvo que lo reclamado no fue excesivo sino que se ajusta a la gravedad del comportamiento de la contraparte, pues pidió que por daño punitivo se condene a pagar una suma equivalente al valor de la unidad comprada, teniendo en cuenta el valor de reposición al momento de la sentencia (valor en plaza del rodado de idénticas características a lo demandado), Por esos motivos consideró que la suma de $ 20.000 por daño punitivo es irrisoria, y pidió que se eleve.
Enfatizó que los accesorios que pagó no constituyen un lujo sino que son necesarios para la seguridad, porque la vida está en juego cuando ocurre un accidente. Señaló que la sentencia no consideró que los elementos faltantes actualmente son obligatorios para todo tipo de vehículos, y que a fines del año 2009 se firmó un acuerdo sin antecedentes para nuestro país, en el que se dispuso que todos los vehículos 0 km que se incorporen al mercado en 2014 deberán disponer de serie, sistema de frenos ABS, doble airbag frontal, y apoyacabezas traseros laterales. Indicó que esa medida fue firmada por el Ministerio del Interior de la Nación, el Ministerio de Industria, la Asociación de Fabricantes de Automóviles (Adefa) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Indicó que lo acordado se plasmó en la Ley 26263, que establece la obligatoriedad del doble airbag frontal y los frenos ABS en todos los vehículos que se comercialicen en el país, normativa que fue incorporada a la ley nacional de tránsito.
Se agravió de que al fijar el daño punitivo, no se consideró que la empresa demandada no tuvo en cuenta la violación de una norma de seguridad vial, y que se trata de una empresa de envergadura que obró desaprensivamente, lo que amerita que la multa sea significativa atento a los volúmenes de venta y valores de los productos que comercializa por lo que si la multa es insignificante, lejos de prevenir daños, consiente conductas como ésta.
El actor se agravió del monto fijado por daño moral, pues no se tuvo en cuenta de que se lo condenó a circular con un rodado desprovisto de elementos de seguridad que abonó en la compra, con los riesgos que ello implica. Resaltó que esa situación perdurará mientras el vehículo esté en su poder y circule en infracción a disposiciones vigentes en materia de seguridad.
El codemandado Fiat Auto SA de Ahorro para fines determinados rechazó los agravios en los términos de su memorial agregado entre fojas 158 a 160, y añadió que el demandante puede instalar los accesorios de seguridad sin necesidad de abonarlos, ya que pueden ser instalados por la Concesionaria Fadua SA a cargo de Fiat, lo que a su entender demuestra que pretende obtener un lucro indebido (fs. 159 vta.).
3. Agravios del concesionario Fadua SA
El apoderado del concesionario Fadua SA en su memorial de agravios (fs. 142/144) explicó que el actor firmó contrato de adhesión con Fiat Auto SA, la cual eligió una entidad bancaria para depositar las cuotas mensuales en una cuenta perteneciente a Fiat Auto SA. De ello resaltó que los pagos de las cuotas no ingresaron en la concesionaria Fadua SA. Indicó que cuando se adjudicó el vehículo, Fiat Auto SA lo envió a la concesionaria con los papeles identificatorios a nombre del suscriptor. Manifestó que Fadua recibió de Fiat Auto SA el vehículo adjudicado al actor, que examinó los papeles (contrato de adhesión y factura) emitidos por Fiat Auto SA, constató que los datos identificatorios coincidan con los del vehículo enviado, y se lo entregó al Sr. Molina conforme a la orden impartida por Fiat Auto SA. Expuso que una vez suscrito el plan de ahorro, el ahorrista puede cambiar la unidad a adquirir; que éso lo decide con Fiat a quien le paga la diferencia que corresponda. Expresó que su parte ya no interviene, por lo que Fadua SA no puede conocer el cambio de unidad solicitado por el ahorrista. Destacó que ese cambio puede suceder durante la vigencia del plan de ahorro, y que en tal caso no se lo notifica a Fadua SA. Resaltó que su parte tiene la obligación de recibir el vehículo enviado por Fiat y entregarlo al ahorrista junto con la documentación. Por ese motivo considera que en este caso no se aplica responsabilidad solidaria. (fs. 143). Sostuvo que la obligación de Fadua fue cumplida al momento de suscribir el contrato de ahorro con el ahorrista, y entregar el vehículo enviado por Fiat con la documentación pertinente, por lo que negó la negligencia que le atribuyó la sentencia.
El apoderado de Fiat Auto SA contestó los agravios de Fadua SA y pidió que se rechacen (fs. 159). Manifestó que si Fadua SA hubiera cumplido sus deberes de concesionario oficial y no hubiera incurrido en negligencia, al momento de recibir la unidad Strada Adventure 1.6 habría advertido que el vehículo no coincidía con el comprado por el actor; y en tal caso debería haber cursado nota de reclamo a Fiat Auto SA para que se resuelva el inconveniente a la brevedad. Manifestó que la concesionaria actuó con desinterés en el control del vehículo a entregar, no advirtió al comprador y entregó una unidad que no se correspondía con la factura que Fiat Auto SA emitió. Resaltó que quien realizó la operación por cambio de modelo fue Fadua SA, y que por ello no es veraz su manifestación de que la concesionaria desconocía el cambio de modelo, porque es en la concesionaria en donde se confecciona el formulario de cambio. Expresó que el actor informó del problema a Fadua SA, y que ésta nada dijo a Fiat Auto SA sobre el reclamo del Sr. Molina, por lo que su parte no pudo resolver el problema con anterioridad. Indicó que a ello se sumó que el Sr. Molina retiró la unidad de la concesionaria y la utilizó antes de hacer el reclamo pertinente, lo que pone en evidencia que en la concesionaria no se le explicó el funcionamiento de la unidad, lo cual constituye una obligación de la concesionaria, especialmente si tiene características especiales. Resaltó que si el concesionario hubiera obrado con prudencia y buena fe, habría detectado el faltante de las características especiales del vehículo, como ser el sistema locker (sistema de frenos ABS, air bag conductor y pasajero, y blocacaggio diferenciale). Por esos motivos pidió que se rechace con costas el recurso de Fadua SA (fs. 150).
El actor contestó los agravios en los términos de su memorial agregado entre fojas 146 a 147.
4. Agravios de Fiat Auto SA de ahorro para fines determinados
El apoderado de Fiat Auto SA de Ahorro para fines determinados sostuvo la improcedencia del reclamo de daños, porque el actor retiró la unidad del concesionario sin hacer reserva de elementos faltantes. Consideró que esa omisión es fundamental a los fines de establecer su grado de responsabilidad, ya que pudo suceder que el actor haya quitado o cambiado los elementos de seguridad de su unidad, y pretenda con ello obtener un enriquecimiento ilícito a costa de los demandados. Expuso que nadie puede ahora establecer con certeza si el vehículo fue entregado con los accesorios de seguridad, ya que una vez retirado existe la posibilidad de que el actor modifique su vehículo y pida la diferencia de precio por el mayor valor abonado, porque es materialmente imposible ejercer un control sobre los accesorios del vehículo una vez que se lo retira de la concesionaria. Señaló que la pericia dictaminó que el vehículo no cuenta con esos accesorios, pero no dice que nunca los tuvo.
Se agravió de que la condena a pagar $ 20.000 por daño emergente no tiene sustento, y que la Sentenciante no explicó el fundamento de su decisión, lo que resulta un monto antojadizo e irrazonable.
Consideró infundada la condena y entidad del daño punitivo ($ 20.000) pues no hubo dolo, y que una conducta desaprensiva no es suficiente para imponer este tipo de indemnización, a la vez que destacó que el actor recibió de conformidad el vehículo.
Sostuvo la improcedencia del daño moral por falta de prueba.
La parte actora contestó los agravios en los términos de su escrito agregado a fojas 170 a 171.
5. Recursos de apelación
A continuación se tratarán los recursos de apelación, en el siguiente orden: primero el de el codemandado Fiat Auto SA de Ahorro para fines determinados, después el de Fadua SA, y por último el del actor.
Cabe resaltar que no hay controversia respecto de que el caso está regido por la Ley 24240 y sus modificatorias, sobre lo cual resulta pertinente recordar que las relaciones de consumo se caracterizan por una desigualdad estructural entre los proveedores y los consumidores o usuarios, que se expresa en la asimetría de información, en las diferencias de poder económico y negocial y, en definitiva, en la totalidad de las esferas de interacción. Este desequilibrio es el que justifica la protección adicional que el ordenamiento jurídico debe proporcionar a la parte más débil de dicha relación, en tanto que la preceptiva del consumidor tiende a paliar la desigualdad de las partes. El reconocimiento constitucional de esta situación llegó con la incorporación del artículo 42 de la Constitución Nacional en la reforma de 1994.
No está controvertido que el actor suscribió un contrato de adhesión con Fiat Auto SA de Ahorro para fines determinados a través de la concesionaria Fadua SA para la adquisición de un vehículo. Tampoco es cuestión litigiosa que el actor decidió y pagó por el cambio de modelo del automóvil (punto atractive 1.4) por un Fiat Strada Adventure 1.6 doble cabina modelo 2012, con los siguientes elementos de seguridad: frenos sistema ABS, air bag para conductor y pasajero, y bloccaggio diferenciale.
6. Recurso de apelación de Fiat Auto SA de ahorro para fines determinados
6. a) Incumplimiento de la obligación
El primer agravio que plantea el apoderado de Fiat Auto SA de ahorro para fines determinados, es que no se probó que al momento de ser entregado, el automóvil no haya tenido los elementos de seguridad denunciados como faltantes (air bag, frenos ABS y blocacaggio diferenciale). Basa este argumento en que el actor retiró de la concesionaria el vehículo dando conformidad, y que tiempo después formuló el reclamo, por lo que los elementos aludidos fueron extraídos o quitados del automóvil antes de que el vehículo sea revisado por el perito, quien no afirmó que nunca los tuvo.
Cabe adelantar que semejante hipótesis, de que el actor retiró los elementos faltantes y luego hizo el reclamo, es inverosímil e impracticable desde el punto de vista técnico, por los motivos que se expone a continuación.
Ambas partes coinciden en que el vehículo fue entregado por Fadua al actor el 30/11/2012, y que seis días después éste reclamó mediante carta documento a Fiat (fs. 20) y a Fadua (fs. 21), que faltaban los elementos de seguridad pagados como adicionales. Respecto de estos adicionales, se señala que se trata de elementos que una persona común, sin conocimientos específicos, puede no advertir, pues no se encuentran a la vista (air bags, bloccaggio diferenciale, frenos ABS). Es evidente, entonces, que el actor no podía prestar conformidad con aquello que desconocía. Por ello no cabe el reproche de que dio conformidad con las condiciones en las que se encontraba el vehículo, al haber firmado sin hacer reserva el formulario preimpreso en el que insertó su firma al recibir el vehículo.
En el dictamen elaborado por el perito mecánico sorteado en el juicio, se comprobó que el vehículo carecía de los elementos denunciados como faltantes (fs. 102). El experto constató “la ausencia de signos, comandos, botones, luces testigos, inscripciones o carteles que indiquen la presencia activa de los dispositivos descriptos por la actora y que figuran en la factura de venta como equipos adicionales” (fs. 99). Expresó que inspeccionó “el vano motor comprobando que la bomba de freno posee sólo dos salidas de cañerías de líquido hidráulico a presión” (fs. 100). A continuación el perito afirmó que: “sin ninguna duda el vehículo peritado no posee frenos ABS, pues para ello se necesitan cuatro salidas de líquido hidráulico, una para cada rueda y conexiones de cables que activan el sistema (fs. 100). De la inspección exterior se observa ausencia de leyendas que indiquen que el vehículo está equipado con ABS” (fs. 101). En relación a la ausencia de air bags, expresó que “la forma de analizar si posee o no estos elementos… es verificando que el plástico que cubre el centro del volante y el que recubre la planchada delante del asiento del acompañante poseen la inscripción en sobrerrelive de las palabras air bag. No se detectaron” (fs. 101). Respecto del bloccaggio diferénciale afirmó que no se detectó el botón con el que se acciona el bloqueo; añadió que la instalación de este dispositivo necesita del equipamiento de cuatro salidas del sistema de frenos ABS (fs. 101).
La respuesta del perito indica sin dudas que el vehículo fue entregado sin los elementos de seguridad pagados como adicionales. No resulta plausible la hipótesis que plantea el apelante, de que el comprador retiró esos elementos, pues el diseño del vehículo no admitía la colocación de los frenos ABS y del blocaggio diferénciale, pues el perito afirmó que ello sólo es posible cuando hay cuatro salidas de líquido hidráulico, una para cada rueda y conexiones de cables que activan el sistema. Por el contrario, al peritar el vehículo verificó que la bomba de freno posee sólo dos salidas de cañerías de líquido hidráulico a presión (fs. 100), lo cual no admite la colocación de los frenos ABS ni del bloccaggio diferenciale. El planteo del recurrente, de que el vehículo contaba con los dispositivos adicionales y que luego se los extrajo, es incompatible con lo afirmado por el perito, según se señaló, lo que prueba que el vehículo nunca tuvo instalados los frenos ABS ni bloccaggio diferénciale. Por otra parte, tampoco resulta verosímil que se hubiera raspado los sobrerrelieves que indican lo airbags, y que ello no se advierta a simple vista, al igual que la ausencia de toda señal que indique la presencia de los otros dispositivos faltantes.
Refuerza esta convicción la posición sostenida por el recurrente al responder los agravios planteados por la concesionaria Fadua SA. En esa oportunidad, Fiat Auto SA de ahorro para fines determinados sostuvo que su parte no es responsable porque la concesionaria obró con negligencia, “en claro desinterés en el control del vehículo a entregar, no advirtió al comprador y entregó una unidad que no correspondía con la factura que Fiat Auto SA emitió”. Remarcó que el actor informó el problema a la concesionaria, y que ésta nada dijo a Fiat Auto SA sobre el reclamo del Sr. Molina, por lo que no pudo resolver el problema con anterioridad. Añadió que en la concesionaria no se le explicó el funcionamiento de la unidad, lo que es obligatorio para la concesionaria, en especial al tratarse de una unidad con características especiales. Finalmente expresó que si el concesionario “hubiera obrado con prudencia y buena fe, hubiera detectado el faltante de esas características especiales del vehículo: sistema locker en especial (sistema de frenos ABS, air bag conductor y pasajero y blocacaggio diferenciale) (fs. 150 vta.).
Como se advierte de esas expresiones, Fiat asumió que el vehículo carecía de los adicionales, y que si el concesionario hubiera obrado correctamente lo habría advertido y el problema se habría podido resolver.
Por ello, en el contexto de este caso, resulta improcedente la pretensión recursiva de que la falta de reserva al recibir el automóvil haya tenido el valor de una renuncia o de dar conformidad con lo entregado. Por el contrario, la necesaria buena fe que debe regir los contratos resulta incompatible con la negativa del recurrente fundada en la falta de reserva al momento de recibir el vehículo.
Por los motivos expuestos, corresponde rechazar este agravio.
6. b) Daño emergente
Corresponde rechazar el agravio de que carece de fundamento el monto fijado como resarcimiento del daño emergente. En primer lugar, debe resaltarse que el daño se encuentra probado porque se entregó un vehículo sin los elementos de seguridad que el actor pagó como adicionales, según se expuso en el considerando anterior. Si bien es cierto que no se produjo prueba específica sobre los valores, la Sra. Juez estuvo facultada para estimar el quantum de un daño demostrado (art. 267 segundo párrafo CPCC). En este sentido, la suma fijada en la sentencia no está reñida con los valores para autopiezas de las páginas oficiales de la marca FIAT. Cabe señalar que el recurrente, que se encuentra en mejor posición para la evaluación de estos elementos y los trabajos que requeriría su colocación, no formula una crítica concreta sobre los montos fijados, lo que resulta relevante para el rechazo del agravio.
6. c) Daño punitivo
Corresponde rechazar el agravio referido a la improcedencia del daño punitivo.
Se constató que el vehículo no se entregó en las condiciones convenidas, pues le faltaron los adicionales pagados. Cuando el adquirente reclamó por carta documento, la administradora Fiat Auto rechazó sus pretensiones negando que el vehículo fue entregado en las condiciones denunciadas, hecho que obligó al actor a promover juicio.
Sobre esta cuestión debe señalarse que la Ley 26361, sancionada el 12 de marzo de 2008 y promulgada parcialmente el 3 de abril de dicho año, modificó la Ley 24240 de defensa del consumidor, e introdujo el instituto de los daños punitivos. El actual artículo 52 bis de la Ley 24240 establece lo siguiente: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley”.
Se trata de una forma más de reparación a través de una multa civil otorgada a la víctima de un daño injusto, para los casos de “inconductas” de los proveedores de bienes y servicios, que se agrega a los clásicos resarcimientos por daños, por la cual se los castiga cuando incurran en incumplimiento de sus obligaciones. Tienen una finalidad disuasiva para que el causante del daño se abstenga de futuras inconductas. En rigor, se trata de una inconducta calificada por la gravedad (confr. Pizarro, Ramón D., Stiglitz, Rubén S., “Reformas a la ley del consumidor”, L. L. 16-03-2009, I- L. L. 2009-B, 949). Con este sentido, el daño punitivo fue definido como las “sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” (Pizarro, Ramón D., “Derecho de Daños”, 2° parte, La Rocca Buenos Aires, 1993, pág. 291 y ss.).
Aunque la norma sólo exige el incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales para con el consumidor, la doctrina y la jurisprudencia coinciden que contribuye en su configuración el elemento subjetivo desde que lo que se sanciona no es el daño, sino la inconducta calificada por su gravedad. En este sentido, se ha expresado que “no cualquier ilícito (contractual o extracontractual) debería ser apto para engendrar una sanción tan grave, sin riesgo de un completo desquiciamiento del sistema. Existe consenso dominante en el derecho comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva” (Pizarro, Ramón. D. Stiglitz, Ruben S. “Reformas a la ley del consumidor”. L. L. 16-03-2009. L. L., 2009-B, 949).
En el caso, se acreditó el defectuoso cumplimiento del demandado respecto del bien entregado al faltarle los adicionales pagados. La codemandada Fiat Auto SA tenía la obligación de entregar un vehículo con las características contratadas y pagadas. Está comprobado que Fiat Auto no cumplió con su obligación, pues el automotor entregado no contaba con los adicionales pagados. El reclamo que le hizo el actor ni siquiera fue atendido, pues Fiat Auto SA no revisó el vehículo, y en un acto reñido con la buena fé, se cerró en su posición de negar lo que el actor reclamó en lugar de atender y verificar su veracidad, lo que surge de la correspondencia cursada entre las partes.
Ello evidencia una conducta de más gravedad que un simple desinterés en dar solución al consumidor, ya que al haber tomado conocimiento del reclamo, la única respuesta que dio fue negar enfáticamente los hechos denunciados, lo que no dejó al actor otra alternativa que promover la vía judicial. Tal conducta no permite tener duda del desprecio por los derechos del consumidor, de ausencia de lealtad en relación al cumplimiento de sus obligaciones, y de la insistencia de su inconducta, que mantuvo durante la audiencia de mediación, y a lo largo de los tres años y medio transcurridos hasta ahora, sin que diese solución al reclamo que dio lugar a este juicio.
En cuanto a su pretensión de negar su propia responsabilidad atribuyéndosela por el contrario a la concesionaria, resulta totalmente improcedente. En primer lugar, porque de ningún modo puede pretender que su responsabilidad no era entregar el vehículo en las condiciones contratadas. Tampoco resulta posible exonerarse atribuyéndosela al concesionario, porque la entidad administradora de planes de ahorro responde civilmente por la inejecución de la obligación de entregar el rodado adquirido por el adherente, aún si el incumplimiento fuese de la concesionaria en virtud de lo dispuesto por el art. 1 de la Resolución 8/82 de la Inspección General de Justicia, que establece que la responsabilidad de las administradoras de planes de ahorro “se extiende a las consecuencias de los actos de los concesionarios y agentes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar en cuanto se refieran al sistema en cualquiera de sus aspectos”. Tal disposición se inspira en la culpa in eligendo que determina la responsabilidad refleja de la administradora del plan por los actos llevados a cabo por la concesionaria preestablecida por aquélla (cfr. CNCom., Sala A, 01.10.97, in re “Plan Rombo SA”, L.L. 1998-B, 180). Ello es así pues fue la administradora del plan la que impuso al adherente, a través de la ingeniería contractual por ella diseñada para la operatoria de los planes de ahorro, que la entrega del vehículo debía hacerse a través de una de las concesionarias oficiales.
En definitiva, la negativa a satisfacer el requerimiento del consumidor, en las condiciones antes señaladas, permiten tener por configurada la hipótesis prevista en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. La conducta de Fiat Plan S.A. estuvo “reñida con la honestidad, corrección y lealtad que constituyen la buena fe objetiva” (López de Zavalía, F., Teoría de los Contratos – Parte General, T. I, página 271), pues no sólo incumplió con su obligación de entregar el bien en las condiciones contratadas, sino que tampoco atendió al reclamo que en forma oportuna efectuó el suscriptor. Todo ello configura a mi juicio la hipótesis de daño punitivo prevista en el art. 52 bis de la LDC, por lo que corresponde desestimar este agravio.
6. e) Daño moral
Igual decisión se aplica sobre el agravio referido al daño moral. La noción de daño moral se halla vinculada al concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales, en las afecciones legítimas o en la tranquilidad anímica, que no son equiparables o asimilables a las meras molestias, dificultades o perturbaciones que pueda llegar a provocar un simple incumplimiento contractual, en tanto esas vicisitudes o contrariedades son propias del riesgo de cualquier contingencia negocial. De ahí que la reparación del agravio moral derivado de la responsabilidad contractual queda liberada al arbitrio judicial, quien libremente apreciará su procedencia, debiendo procederse con estrictez (art. 522 del Código Civil; CNCom. Sala E, 6/9/88, “Piquero, Hugo c/ Banco del Interior y Buenos Aires”). “Sólo será admisible la pretendida reparación si se demostrara que además del perjuicio económico, pudiera derivarse del mismo un interés no patrimonial, para lo cual el juez deberá evaluar las circunstancias del caso, conforme las específicas pruebas que se le aporten” (CNCiv., Sala F, 8.2.2011, “Ghio, Ana María c. Maxim Software S.A.”, L. L., 2011-D, 160).
El actor reclamó resarcimiento por daño moral con la justificación de que se lo privó indebidamente de elementos de seguridad para circular en el vehículo, lo que generó sentimientos de frustración tanto a él como a su familia (fs. 25).
En su dictamen el perito mecánico, al responder el punto 8.2, explicó en forma fundada y detallada la función de los frenos con sistema ABS y la importancia que reviste en relación a la seguridad de la circulación, expresando que “un automóvil equipado con ABS sea mucho más seguro que uno que no lo tenga. Es mucho más controlable y responde mejor ante frenados extremos permitiendo al conductor menos avezado a superar con éxito situaciones peligrosas. Es tal el beneficio que cada vez más se extiende su uso y lo que antes se reservaba a vehículos de alta gama ahora lo poseen también los utilitarios como es el que nos ocupa. Tener ABS brinda seguridad adicional al vehículo y a los pasajeros” (cfr. textual, fs. 103). A continuación explicó la función de los airbag, y resaltó que entre esos dos sistemas funcionando correctamente se evita la muerte de sus ocupantes o bien se baja drásticamente la posibilidad de sufrir daños corporales graves (fs. 64). Sobre el bloccaggio diferenciale, expresó que “se activa cuando un vehículo ingresa en zona barrosa, porque puede suceder que una de las ruedas tractoras patine y cobre velocidad, en ese caso actúa el diferencial convencional e impide que la otra rueda siga traccionando. Como una rueda patina y la otra se detiene, el vehículo también se detiene, pero si el vehículo está equipado con bloqueo de diferencial, mediante un botón se acciona el bloqueo y las dos ruedas traccionan, avanzando nuevamente” (fs. 101).
Si el consumidor contrató y pagó para tener un vehículo equipado con elementos de seguridad de eficacia superior, con la expectativa de contar con mayor seguridad él y su familia para reducir los riesgos propios de la circulación vehicular, y pese a estar pagado y reclamado el demandado no entregó el vehículo con las condiciones de seguridad contratadas, resulta procedente el daño moral reclamado, pues de lo que se trata en el caso es de la frustración por la privación de elementos de gran importancia para la seguridad, cuya ausencia potencia el riesgo de la circulación y eventualmente podría comprometer la integridad física y la vida misma del consumidor y su grupo familiar. En definitiva, el adquirente tuvo que utilizar un vehículo desprovisto de la seguridad que el consumidor pagó por tener, lo que debió provocar una lesión disvaliosa en sus sentimientos ante la imposibilidad de minimizar los riesgos de circulación al tener que transitar en condiciones más desventajosas que las pretendidas en materia de seguridad.
Siendo así las cosas, reconocida la existencia del daño moral indemnizable, su gravedad, y la influencia del hecho en el ánimo del consumidor, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso valoradas anteriormente, considero justa y equitativa la condena a pagar la indemnización por daño moral.
Por las razones expresadas, corresponde rechazar el agravio referido al daño moral.
7. Recurso de apelación de Fadua SA
Plantea este recurrente que su parte actuó como mero intermediario para que el ahorrista suscriba el contrato de adhesión con Fiat Plan SA, y a los fines de recibir el vehículo y entregarlo al ahorrista. Expuso que Fadua SA recibió el vehículo adjudicado al actor directamente desde Fiat Auto SA, examinó los papeles (contrato de adhesión y factura) emitidos por Fiat Auto SA, constató los datos identificatorios (número de motor y de chasis), y lo entregó al Sr. Molina conforme a la orden impartida por Fiat Auto S.A. Manifestó que su parte no puede saber si el suscriptor cambió el modelo, y que en el caso no se aplica una responsabilidad solidaria.
La Sra. Juez condenó a ambas codemandadas aplicando el precepto del art. 40 de la Ley 24240, incorporado por la Ley 24999, que dispone lo siguiente: “Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.” En este caso es aplicable, como decidió la sentencia apelada, la solidaridad prevista en el art. 40 de la LDC, pues se encuentra debidamente probado y reconocido que la concesionaria recibió el vehículo de Fiat Auto SA, que debía controlarlo, verificar la documentación, y entregarlo por cuenta de aquélla al actor.
El apelante reconoció que Fadua SA actuó como intermediaria en el contrato que suscribió el actor en esa concesionaria, con la administradora del plan de ahorro, Fiat Plan SA También admitió que recibió de esta última el vehículo, que lo controló y que lo entregó al actor. En la solicitud de adhesión al plan de ahorro agregada en copia a fs. 4, firmada por el actor en un formulario de Fiat Plan, consta que es Fadua SA la concesionaria en la que se entregaría el automotor. Recibido el vehículo por la concesionaria, admite el recurrente que debe controlar los datos según la documentación que emite Fiat. La factura confeccionada por Fiat, indica el cambio de modelo, y el listado de adicionales, entre los que expresamente figuran el sistema ABS, air bag para conductor y pasajero, y bloccaggio diferenciale (cfr. fs. 11).
La documentación que Fadua SA tuvo en su poder cuando recibió de Fiat SA el vehículo, indicaba que el vehículo contaba -o debía contar- con los adicionales mencionados. En su labor como concesionaria debe inspeccionar el vehículo antes de entregarlo, de lo cual necesariamente debió advertir que no tenía los adicionales que mencionaba la documentación. Por su responsabilidad como concesionaria, debió inspeccionar y controlar el estado del vehículo, y no sólo su identificación. Por otra parte, el concesionario tiene que cumplir una tarea de información y asesoramiento al cliente sobre las condiciones y funcionamiento del automotor que entrega. En esa oportunidad también debió advertir que el vehículo no tenía los adicionales que mencionaba la factura, y en consecuencia, debió comunicar inmediatamente ese hecho a Fiat Plan SA, por cuya cuenta estaba actuando.
El incumplimiento en el que incurrió la concesionaria al no verificar las condiciones del vehículo que entregaba, y comunicarlo inmediatamente a Fiat Plan impone su responsabilidad. Ello es así pues en el marco de contratos conexos que existen en la operatoria que instrumenta el sistema del plan de ahorro y que involucra a la red de concesionarios y a la administradora de los planes de ahorro (más fabricantes, bancos y aseguradoras), se impone un funcionamiento de coordinación compleja, que debe responder ante el adherente o suscriptor que accede a la propiedad de un bien, depositando su confianza en la marca y las agencias a través de las cuales adhiere a contratos de adhesión. Por ello la concesionaria no puede eximirse de su obligación aduciendo que el contrato le resultaba ajeno y por ello inoponible. Al aceptar la responsabilidad de recibir y entregar el vehículo, asumió la responsabilidad sobre el estado y condiciones del bien que debe entregar, por lo que no puede exonerarse de su responsabilidad argumentando que no supo que el vehículo debía contar con los adicionales que mencionaba la documentación remitida por Fiat Plan SA.
En el sistema de ahorro previo, el concesionario de automotores debe actuar en interés de su mandante, por lo cual asume su representación en cuanto a las obligaciones que le son propias, con lo cual responden por el incumplimiento de las funciones que le competen, entre las cuales se encuentra la de verificar las condiciones del vehículo y la documentación, e informar al consumidor a quien entrega una unidad.
En ese marco contractual, el concesionario no actuó diligentemente en la ejecución de su obligación, pues al asumir la obligación de entregar el vehículo debió controlar la documentación e inspeccionarlo antes de entregarlo, independientemente de que la operación de adquisición del rodado tuvo lugar a través de un contrato suscrito por el actor de un plan de ahorro administrado por Fiat Auto SA de ahorro para fines determinados. Lo cierto es que esa operación fue una derivación resultante de un sistema de comercialización del que el concesionario formó parte, asumiendo una obligación específica en cuanto a la entrega del automóvil. Ello impone su responsabilidad por el incumplimiento de sus deberes como concesionaria a cargo de la entrega del vehículo.
8. Recurso de apelación del actor
8. a) Daño punitivo
El actor pidió que se eleve el monto del daño punitivo (fijado en $ 20.000), argumentando que el certificado de fabricación indica que el vehículo cuenta con elementos de seguridad que no tiene, lo cual le provoca perjuicio porque se le incrementan los impuestos y seguros, y que al vender el vehículo se le generarán problemas en la operación porque el automóvil no coincide con la documentación; además de que se trata de elementos que fueron impuestos de modo obligatorio por la Ley 26263. Se advierte que el actor no invocó en su demanda ni propuso prueba que permita acreditar que en la documentación del Registro Automotor estos adicionales se encuentran anotados, o que seguros o impuestos se rijan por el precio de contratación y no por tablas estandarizadas de valuación de vehículos, que es lo usual en materia fiscal o de seguros.
Esos argumentos no fueron planteados cuando demandó ni objeto de prueba. Al no haber sido sometidos a consideración de primera instancia, no pueden ser planteados en alzada, razón por la cual resultan inadmisibles (art. 713 CPCC). A más de ello, se observa que no resultan pertinentes desde la perspectiva de la naturaleza y fines de este tipo de daño.
La sentencia fijó el importe de la condena por daño punitivo en la suma de $ 20.000 (fs. 125 vta.). El apelante pide en su recurso que se la eleve “al valor de mercado del vehículo” (fs. 155). Se señala que no apeló el monto fijado en concepto de daño emergente (cfr. $ 20.000 fijado a la fecha de la sentencia, 14/10/2015, fs. 124 y vta.).
Respecto del quantum de la sanción, la Ley de Defensa del Consumidor contiene dos precisiones. La graduación de la multa se establecerá en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, lo que impone una evaluación integral del contexto en el que se produce la conducta sancionada. A su vez, el máximo de la multa se correlaciona con el del art. 47 inc. b) para las sanciones pecuniarias impuestas en sede administrativa.
Sobre el valor de la multa, la jurisprudencia ha expresado lo siguiente: “A nuestro modo de ver, los jueces deben ser en extremo prudentes y cuidadosos al momento de establecer la sanción por daño punitivo. No pueden imponerse condenas extravagantes, o que no guarden proporción con la falta cometida. Algunas reglas que pueden tenerse en cuenta para fijar el importe son: 1) guardar proporcionalidad con la gravedad de la falta: la sanción debe guardar proporción con la falta cometida y que se pretende sancionar; en consecuencia, el juez debería evitar penas ínfimas, meramente simbólicas, o desproporcionadas por exorbitantes; 2) considerar el valor de las prestaciones o la cuantía del daño material: a esos fines puede tener en cuenta -esto, a nuestro parecer, no como una regla inconmovible- tal como dice el art. 656, CC, al que se puede recurrir por analogía, “… habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso”. El valor de las prestaciones o el monto de las indemnizaciones por el daño resarcible podrían ser un referente o un indicador para cuantificar el daño punitivo. Es decir, puede tenerse en cuenta -cuidado: sólo como un dato más, no necesariamente como una tarifación que hay que buscar ni como una relación obligatoria a establecer- el valor de las prestaciones implicadas en el caso de que se trata; 3) el caudal económico de quien debe satisfacer: buscando por analogía en las astreintes, encontramos un elemento de valioso auxilio para cuantificar el daño punitivo. Podría decirse que a mayor patrimonio del condenado, mayor debería ser el monto de la sanción. Sin duda un punto de referencia importante. Podría añadirse, por último, dentro de esta pauta evaluadora para justipreciar el monto de la sanción, la incidencia que el incumplimiento tenga con la vida del acreedor, aumentando el quantum del daño punitivo de verificarse efectos directos beneficiosos e inmediatos; o morigerando, de ser más remotos. Finalmente, debe considerarse a la equidad como regla para establecer los montos. Ni una sanción pecuniaria tan alta que parezca una confiscación arbitraria, ni tan baja que por insignificante no cause efecto alguno en el sujeto obligado: que sea la equidad la base de la estimación: ubicar la equidad en el lugar preciso, que es cuando juega con máximo espacio la discrecionalidad del juzgador. Se ha dicho en tal sentido que no obstante una fuerte mirada hacia el perjudicado, “el juez no puede prescindir de la situación de un dañador no intencional o doloso (…) El derecho no es indiferente a la incidencia que el pago del resarcimiento puede originar en el causante del perjuicio y en su familia. Se busca, por esta vía, evitar su ruina, la quiebra de una empresa, el cierre de un establecimiento” (ver: Mosset Iturraspe, Jorge – Piedecasas, Miguel A., Código Civil Comentado, art. 1069, Responsabilidad Civil, p. 44, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003) (Cám. 1º Civ. y Com. en “Navarro, Mauricio José c/ Gilpin Nash, David Iván -Abreviado- Exp. N° 1745342/36″, Sentencia Nº: 181, Fecha: 27/10/2011, Semanario Jurídico: nº: 1846, del 1/03/2012, cuadernillo: 7, tomo 105, año 2012 – A, página: 321).
En el caso que se examina, cabe tener en consideración que la situación, generada exclusivamente por la parte demandada, tuvo aptitud para provocar la movilización del actor a través de intimación y finalmente la promoción de este juicio, sin que haya obtenido satisfacción a su pretensión hasta el presente. Dada la finalidad de la cláusula legal, no cabe establecer el daño punitivo en montos mínimos. De otro modo, cabría la posibilidad de que resulte más conveniente no corregir situaciones como la sucedida en el caso para mantener una ecuación económica (costo-beneficio).
Considerando todas las pautas enunciadas, que fueron explicitadas al merituar la conducta de la codemandada, considero que el monto fijado de $ 20.000 a la fecha de la sentencia no resulta suficiente para cumplir con su finalidad. Sin embargo, la pretensión de que se fije esta condena en el valor del vehículo se considera desproporcionada, por cuanto no guarda relación con el daño material generado por el incumplimiento que se sanciona.
En el contexto y circunstancias de esta causa, se estima que resulta más adecuada a los fines punitivos la suma de $ 30.000. En consecuencia, se revoca la sentencia y se sustituye por $ 60.000 la suma de los rubros de condena que constan en el punto II de la parte resolutiva de la sentencia (fs. 127).
8. b) Daño moral
Corresponde desestimar el agravio referido al monto del resarcimiento por daño moral, que la sentencia fijó en la suma de $ 10.000 (fs. 125).
La procedencia del resarcimiento por daño moral fue desarrollada en el considerando 6. e) de la presente sentencia, al que se remite, y que en lo sustancial lo considera justificado por los padecimientos espirituales de quien se vio frustrado en sus expectativas por haber pagado y no obtenido elementos que refuerzan la seguridad del vehículo, con todas las implicancias potenciales que esa omisión puede generar. Todo ello, desde la perspectiva que impone el régimen protectorio de la Ley n° 24240 y atento a las circunstancias del caso se considera acreditado este daño.
Es principio de que la reparación del agravio moral derivado de la responsabilidad contractual queda liberada al arbitrio judicial, quien apreciará su procedencia, debiendo procederse con estrictez (art. 522 del Código Civil; y art. 1741 CCyC.
El apelante, disconforme con la suma fijada en concepto de daño moral, pretende que se fije como resarcimiento una cifra equivalente al valor de mercado del vehículo entregado.
Sobre esta cuestión, resulta pertinente recordar que la Excma. Corte de Justicia de la Provincia en la sentencia “Borquez” antes citada, expresó que “el daño moral puede ser definido como “la lesión a los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria” (cfr. Bustamante Alsina, “Tratado General de la Responsabilidad Civil”, Abeledo-Perrot, Bs. As. 1989, pág. 208). Expresó este Alto Tribunal que “la doctrina civilista hoy dominante, sostiene que, ‘…en principio, el daño moral siempre es resarcible, cualquiera sea su causa generadora o el factor de atribución aplicable. Participamos decididamente de la concepción que otorga a la indemnización por daño moral carácter resarcitorio y no sancionatorio, razón por la cual es irrelevante atender a la causa que lo genera…’ (cfr. Pizarro, Ramón David, ‘Daño Moral’, Prevención. Reparación. Punición. Colección Responsabilidad Civil. Volumen 17. Dirección de Alberto J. Bueres, Hammurabí, Bs. As. 2000, págs. 321/322)” (cfr: CSJT, sentencia Nº 296/2002).
Sobre esta cuestión el recurrente no ha acreditado circunstancias que justifiquen un interés no patrimonial de mayor entidad que el fijado en la sentencia, que amerite el incremento que peticiona, (valor actual del vehículo), el cual se considera desproporcionado en relación al contexto y razones que se expusieron para fundamentar la procedencia de este rubro. En relación al “quantum” del daño moral, el recurrente no brinda mayores aportes que los ya considerados, por lo que se estima que la suma reconocida en la instancia previa de $ 10.000 resulta adecuada a la lesión inferida al actor.
9. Costas
La regla directriz en materia de costas la constituye su imposición al vencido, siendo la excepción la exoneración, total o parcial, de este último. Siguiendo tal hermenéutica, el legislador local ha receptado expresamente tal solución como principio general, al disponer en el art. 105 CPCC: “La parte vencida será siempre condenada a pagar las costas, aunque no mediara petición expresa, salvo en los siguientes casos que deberán fundarse, bajo pena de nulidad: 1. Cuando el juez considere que hay mérito para eximirla total o parcialmente de ellas…”.
Entre los supuestos de excepción a la mentada regla se encuentra los vencimientos mutuos, por lo que si el resultado del pleito fuese parcialmente favorable a ambas partes, las costas se impondrán prudencialmente en relación con el éxito obtenido por cada una de ellas, conforme prescribe el art. 108 de la ley adjetiva.
En el caso resulta pertinente establecer el alcance del término vencido, sobre el cual no se debe efectuar una conceptualización general definiendo arquetipos. Consecuentemente, el intérprete debe procurar no confundir la suerte obtenida en cuanto a la pretensión material con la condena en costas. Así, se ha expresado: “… atendiendo a una visión general del proceso, para establecer el carácter de vencido no es admisible dividir el litigio con relación a los distintos reclamos, sino que ha de estarse a un enfoque global del resultado de la controversia, derivando así la posibilidad de establecer vencimiento mutuos o parciales.” (Gozaíni, Osvaldo A., Costas Procesales, v. 1, ed. Ediar, Bs. As., 2007, p. 63). Por ello, las costas deben distribuirse en proporción al éxito obtenido en el pleito, debiendo tenerse en cuenta la postura asumida por las partes en relación a la mayor o menor medida en que prosperan las aspiraciones controvertidas, tomándolas en conjunto y no aisladamente. En esa inteligencia, la estimación de la calidad de vencido, sea total o parcialmente, para determinar la imposición de las costas, debe efectuarse considerando la naturaleza del proceso del que se trate.
Con ese criterio, se pondera que los recursos de los codemandados impugnaron la responsabilidad que se les atribuyó y los hechos, y que Fiat Plan SA se agravió además de los montos de condena. Los recursos de ambos fueron rechazados.
El actor apeló los montos de condena del daño punitivo y del daño moral. La presente sentencia acoge parcialmente el recurso y eleva el daño punitivo, y desestima la impugnación referida a la cantidad otorgada por daño moral.
Por lo considerado, se estima que los demandados deben cargar las costas de sus recursos.
En cuanto al recurso del actor, se imponen costas a los demandados respecto del rubro daño punitivo, y por su orden en lo relativo al daño moral. Ello se justifica porque los valores impugnados por el actor, correspondiente a daños punitivo y moral, se refieren a rubros cuya cuantificación no responde a parámetros objetivos, sino que quedan en definitiva librados a la prudente valoración del juez, quien debe fundar su decisión en función de los elementos y circunstancias comprobadas en el proceso. Según se señaló precedentemente, el daño punitivo fue incrementado en esta instancia, por lo que el recurso progresó parcialmente, lo que justifica la imposición de costas a los demandados, de acuerdo a los conceptos antes expresados.
Por ello, se
RESUELVE:
I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación del actor contra la sentencia de fecha 14 de octubre de 2015 dictada por la Sra. Juez en lo Civil y Comercial Común de la Iª Nominación, la que se revoca parcialmente en cuanto al monto fijado para el daño punitivo, que se eleva a la suma de $ 30.000. Por ello se sustituye el monto total de la condena que fija el punto II de la parte resolutiva de la sentencia apelada, por la suma de $ 60.000, (punto II de la parte resolutiva, fs. 127). Se rechazan los restantes agravios de la parte actora.
II. NO HACER LUGAR a los recursos de apelación de los codemandados Fiat Auto SA de ahorro para fines determinados y Fadua SA.
III. COSTAS según se considera.
IV. RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.
HÁGASE SABER.
Dra. María Isabel Bravo – Dra. María José Posse – Dra. Mirtha I. Ibáñez de Córdoba.