Accidente de tránsito. Daños y Perjuicios. Culpa del peatón.

Jurisprudencia

El principio según el cual el peatón distraído o imprudente constituye una contingencia del tránsito que los conductores deben estar en condiciones de afrontar, no es rígido y absoluto, sino que debe ser ponderado en cada caso en función de sus particularidades, puesto que ello no exime al peatón de proceder con mínimas precauciones, de acuerdo con las características de la arteria que atraviesa y del tránsito que circula por ella, así como tampoco se encuentra autorizado a despreocuparse de la proximidad y velocidad de los vehículos, todo lo cual le es impuesto por la obligación genérica de cuidado. Los peatones que no cruzan por la senda peatonal crean una presunción de culpa en los accidentes de tránsito que se produzcan como consecuencia de dicha infracción. (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G • Ortiz, María Enriqueta c. Cejas, Oscar Antonio y otro • 28/03/2008 • AR/JUR/1627/2008)

CAMARA CIVIL – SALA D

“Tastzian, María Alicia c/ Parrilla, Juan Manuel y otro s/ daños y perjuicios” Exp. 47.893/2014. Juzgado n° 19

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de mayo de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “Tastzian, María Alicia c/ Parrilla, Juan Manuel y otro s/ daños y perjuicios”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre Álvarez y Patricia Barbieri. La señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia. A la cuestión propuesta el doctor Osvaldo Onofre Álvarez, dijo: Viene este expediente al acuerdo para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 389 contra la sentencia de fs. 383/386; y los deducidos a fs. 387, 389, 390, 391 y 392, contra los honorarios regulados en la misma. I. Antecedentes María Alicia Tatzian demanda a Juan Manuel Parrilla con la citación en garantía de “Federación Patronal Seguros S.A.”, procurando la reparación de los daños y perjuicios derivados del siniestro ocurrido el 30 de enero de 2013. Según su relato, en la ocasión aproximadamente a las 11,20 hs. se encontraba cruzando la Av. Rivadavia a la altura del n° 5000 por la senda peatonal y con el semáforo habilitante a su favor, cuando fue repentina, sorpresiva, brusca e imprevistamente embestida y atropellada por la parte trasera del rodado Fiat Palio dominio DAC 969, que conducido por el demandado circulaba marcha atrás y a toda velocidad, siendo lanzada a 4 ó 5 metros del lugar provocando su caída contra el asfalto, de cuyas resultas recibió lesiones de gravedad por lo que debió ser trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Durán donde le brindaron la atención primaria que continuó posteriormente en el Hospital Británico debido a la persistencia de sus dolencias. Atribuye al demandado la exclusiva responsabilidad en el suceso de mención. Conforme a la liquidación que practica por los diferentes rubros que la componen, su reclamo asciende estimativamente a la suma de $ 299.800.-, más sus intereses y las costas del proceso (cfr. fs. 8/18). La pretensión accionada se encuentra resistida por la citada en garantía y por el demandado, quienes en sendas presentaciones de similar tenor (cfr. fs. 46/55 y 68/77) solicitan su rechazo. Reconoce la aseguradora su condición de tal respecto del vehículo involucrado, conforme a los términos y condiciones de la póliza emitida bajo el n° 16173673, vigente a la fecha del incidente de que se trata. Efectúan una negativa precisa y pormenorizada de los hechos afirmados en el escrito liminar, con desconocimiento de la documental e impugnación de la procedencia y los montos de los rubros que componen el reclamo. Si bien admiten la ocurrencia del hecho mencionado en la demanda con la participación de los involucrados, difieren en cuanto a las circunstancias fácticas y responsabilidad emergente del mismo, que hacen recaer exclusivamente en cabeza de la actora. Señalan al efecto que el 30 de enero de 2013 siendo las 10,30 hs. el Sr. Parrilla se encontraba maniobrando lentamente en retroceso con el Fiat Palio dominio DAC 969 a los fines de estacionar frente al n° 5056 de la Av. Rivadavia, entre  la calle Hidalgo y la Av. Acoyte de esta ciudad, cuando en forma repentina e inesperada la actora cruzó presurosa y distraídamente la avenida desde la acera opuesta ubicándose sobre la trayectoria de su vehículo, imposibilitándole evitar el contacto con la susodicha, pues su aparición lejos de la senda peatonal desde el lado opuesto al que se encontraba prestando atención para estacionar resultó insensata, sorpresiva y violatoria de elementales reglas de cuidado y previsión, además de contrariar expresas normas de tránsito. II. Fallo y agravios Luego de encuadrar jurídicamente la cuestión en la órbita y conforme a las previsiones del art. 1113, párr. 2°, parte 2ª, del Código Civil, a expensas de los argumentos desarrollados en la sentencia sustentados en los elementos probatorios analizados, dejando además en evidencia la contradicción existente entre el relato efectuado por la actora al demandar, con aquél que brindara contemporáneamente a la fecha de ocurrencia del hecho al prestar declaración en sede penal, el Sr. Juez a-quo tuvo por acreditada la eximente de responsabilidad invocada por el demandado y su aseguradora, y en su consecuencia rechazó la demanda promovida por María Alicia Tastzian contra Juan Manuel Parrilla y “Federación Patronal Seguros S.A.”, imponiéndole las costas del proceso. Reguló a su vez los honorarios de los profesionales intervinientes. Expresó la actora sus agravios a fojas 402/407, que fueron respondidos por la parte demandada a fs. 411/412. Las quejas de la actora apuntan fundamentalmente el rechazo de la demanda dispuesto por el magistrado de grado, cuya revocación propende a expensas de su diatriba. En tal sentido le sindica haber incurrido en arbitrariedad en el análisis de los hechos y en la valoración de la prueba.

 También se encuentran apelados los honorarios regulados en la sentencia. III. La solución Los argumentos expuestos por la actora en su memorial, lejos se encuentran de cumplir los requisitos mínimos para constituir una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas (conf. art. 265 CPCC); resultando por ende, insuficientes para descalificar los fundamentos que lo sustentan. Es dable recordar que la formulación de simples apreciaciones personales sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido el “a-quo” respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción a los que arriba en la aplicación del derecho, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios. La misma, para poder ser considerada como tal, debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a decir cual es el menoscabo, en tanto que lo razonado se dirige a la exposición de por qué se configura el perjuicio. Esto último consiste en precisar, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo, especificando con exactitud los fundamentos de esas objeciones. Es decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebran la decisión del a-quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos Procesales…”, t.III, p. 351 y sus citas). Por ello, al expresarse agravios se deberá indicar puntualmente las deficiencias de la sentencia recurrida sin que las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, la remisión a escritos  anteriores o el mero desacuerdo con lo resuelto puedan considerarse agravios en los términos exigidos por el art. 265 y 266 del Código procesal Civil y Comercial de la Nación. En tal contexto aprecio que el escrito de la actora no constituye una expresión de agravios en los términos de los artículos citados, resultando solamente un mero desacuerdo con lo decidido por el magistrado de la anterior instancia. Sin perjuicio de ello, en atención al respeto que conserva este Tribunal por el derecho de defensa de las partes, entiendo que deviene procedente determinar la mecánica del evento dañoso sobre la ponderación -en conjunto- de los diversos elementos probatorios acopiados en autos y aportados por la partes, conmensurados a la luz de la sana crítica -conf. art. 386º del Código del rito-. Para tal cometido debo, preliminarmente, referir que es materia aceptada en la especie entender que son elementos de prueba todos aquellos que, acercados al proceso, están llamados a formar convicción al juzgador respecto de los hechos o -en su caso- del derecho denunciado o invocado por las partes -conf. CNCiv., Sala A, 11.08.1977. LL 1977-D, 312- y que -por no constituir compartimentos estancos- son componentes de un todo, donde el conjunto es el que brinda la prueba sintética y definitiva que permite reconstruir los hechos -conf. CNCiv., Sala M, 12.03.2001. ED: 193-151. Idem, Sala A, 23.10.2001. ED: 195-594, entre otros-. Concordantemente con ello el principio dispositivo ritual impone a las partes el deber de probar los presupuestos que invocan y de acuerdo a la situación en que se coloquen en el litigio, por lo que las medidas probatorias por éstos allegadas -en tanto resulten conducentes y apropiadas- no pueden ser ligeramente desechadas y en circunstancias tales que, de su procedencia, dependa el esclarecimiento de lo realmente acontecido. Opinar lo contrario podría derivar en el absurdo que la sentencia no sería la aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente- la frustración ritual del derecho -conf. CSJN, 01.04.1997. RED 31-692-. Tratando de ser más explícito, no son los derechos y relaciones jurídicas el objeto de la prueba, sino que lo constituyen los hechos que forman la tipicidad del precepto jurídico; más exactamente, las afirmaciones sobre las circunstancias que motivan o permiten reconocer los caracteres de esa particularidad y cuya ponderación debe tener lugar al momento del dictado de la sentencia. Resulta, pues y en principio, irrazonable denegar medidas probatorias conducentes al esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva; máxime cuando el ordenamiento procesal solo exige del juzgador una estimación sobre la justicia de la causa en que aquéllas se fundan, cuestión que debe ser evaluada con criterio prudente y provisional -conf. CNCiv., Sala E, 25.08.1997. LL 1998-E, 147- y no sobre la base de subjetivas apreciaciones o de coyunturales estrategias defensistas que se apartan de los requisitos y recaudos exigidos, al respecto, por el Código de forma -conf. art. 378º y conc. de dicho cuerpo legal-. Todo ello sin dejar de señalar que, en el terreno de la apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por la que le merece mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieren obrar en el expediente, siendo ello -en definitiva- una facultad privativa del magistrado de acuerdo con lo preceptuado en el citado art. 386º del Cód. Procesal, de modo que no es imprescindible examinar en la decisión todas y cada una de las probanzas allegadas sino, únicamente, las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa -conf. CNCiv., Sala L, 06.11.2000, DJ 2001-II, 696-. De ello, igualmente, se colige y deduce que la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo procedimental del propio litigante, pues se trata de una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito, si de ello depende la suerte de la litis -conf. CNCiv., Sala J, 03.10.2000, LL 2001-E, 609, ente otros-. En síntesis, teniendo en consideración la naturaleza del hecho de que se trata, y la condición de los involucrados en su desarrollo conforme a los antecedentes ya reseñados, considero que resulta de aplicación lo normado por el artículo 1113 2° párrafo del Código Civil -vigente al momento del evento dañoso y sus equivalentes 1243, 1757, 1758 y concordantes del actual cuerpo legal-. En consecuencia a la parte actora incumbía la prueba del hecho y su relación de causalidad con el daño reclamado, y el daño mismo; mientras que a la demandada, para eximirse de responsabilidad, correspondía acreditar la culpa de la víctima, o la de un tercero por quien no deba responder. La propia existencia del hecho se encuentra fuera de discusión, disintiendo las partes conforme a sus respectivos relatos, en lo que respecta a las circunstancias fácticas y precisa localización física de su desencadenamiento, determinante de la consecuente responsabilidad. No se cuenta con el aporte de testigos presenciales, y huelga destacar, que lo expuesto por el perito mecánico sobre el particular a fs. 296 al responder la impugnación a su experticia de fs. 255 formulada por la parte actora a fs. 290, nada aporta a los fines de que se trata, en tanto sus explicaciones no pasan de meras especulaciones carentes del rigor científico que el caso amerita. Veamos entonces que nos ofrece la causa penal agregada por cuerda: A fs. 1, Mariano Diarte, agente de la Policía Federal Argentina perteneciente al numerario de la seccional n° 12, declaró desempeñarse en el servicio bancario de dicha dependencia policial asignado a la parada de facción de la Av. Rivadavia 5025; que en la ocasión fue solicitada su colaboración por parte de una transeúnte del sexo femenino -la actora- que se encontraba caída sobre la cinta asfáltica presentando algunos golpes en su cuerpo y sangrado en la zona de su rostro, quién le refirió que momentos antes habría sido atropellada por un vehículo particular marca Fiat Palio, a cuyo conductor procedió a identificar en el lugar. A. fs. 27 luce la declaración rendida por la demandante a los seis días del hecho quien concretamente refirió que. “el día miércoles 30 de enero del corriente año, siendo aproximadamente las 10.30hs., en momentos en los cuales la dicente cruzaba la Av. Rivadavia entre Av. Acoyte y la calle Hidalgo, más precisamente haciéndolo por la mitad de la cuadra, es que fue embestida por un vehículo particular marca Fiat modelo Palio de color azul, el cual iba marcha atrás, aparentemente a los efectos de estacionar en dicha arteria”. Elocuente resulta este espontáneo y contemporáneo relato, en abierta contradicción con el ensayado al contestar la demanda, en que afirma haberse encontrado cruzando por la senda peatonal, para comprender la magnitud de su imprudencia merecedora del condigno reproche con sus consecuencias. De ello se colige que la actora ha reconocido una situación, que ahora por razones de conveniencia intenta modificar, postura esta contradictoria y reprochable a la luz de doctrina de los propios actos. Doctrina según la cual “es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces por contravenir la buena fe que exige una conducta leal en las relaciones jurídicas” (CSJN, 16-02-88, in re “Sibelberg c Municipalidad de Buenos Aires”, en L. L., 1988-B, 575; esta Sala, 14-4-83, in re “Bianchini c Municipalidad de la Capital”, en L. L. 1984-A, 295; CNCom., Sala B, 3-4-02, in re “Waroquiers c Quintanilla de Madanes”, anotado por A. Ricardo Wetzler Malbrán, Tres temas bien tratados en un fallo ‘docente’: El mandato irrevocable, la doctrina de los propios actos y el litisconsorcio necesario, en E.D. 197- 537; SCBA, 12-12-01, in re “Mallo Huergo c ESEBA S.A.”, DJBA 162 120, LLBA 2002-789). El análisis de los elementos y referencias vertidas en los párrafos precedentes, y en ausencia de otros que lo contradigan, permiten inferir con el suficiente grado de certeza para formar mi convicción, que la conducta de la víctima, lindante con la temeridad, de pretender cruzar una arteria de las características de la informada en lugar no habilitado para el cruce peatonal, fue la exclusiva causa del siniestro; sin que quepa enrostrarle reproche alguno al conductor del vehículo que la embistiera, pues no se ha acreditado que haya circulado a una velocidad impropia para el lugar y la ocasión, o demostrado impericia, desatención, o falta de dominio de su rodado, que pudieran constituirse en agente concausal de las consecuencias dañosas que del hecho se derivaran. El principio según el cual el peatón distraído o imprudente constituye una contingencia del tránsito que los conductores deben estar en condiciones de afrontar, no es rígido y absoluto, sino que debe ser ponderado en cada caso en función de sus particularidades, puesto que ello no exime al peatón de proceder con mínimas precauciones, de acuerdo con las características de la arteria que atraviesa y del tránsito que circula por ella, así como tampoco se encuentra autorizado a despreocuparse de la proximidad y velocidad de los vehículos, todo lo cual le es impuesto por la obligación genérica de cuidado. Los peatones que no cruzan por la senda peatonal crean una presunción de culpa en los accidentes de tránsito que se produzcan como consecuencia de dicha infracción. (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G • Ortiz, María Enriqueta c. Cejas, Oscar Antonio y otro • 28/03/2008 • AR/JUR/1627/2008). La obligación de observar los reglamentos regulatorios del tránsito corresponde tanto al conductor como al peatón, por lo que el intento de cruzar la calzada fuera de la senda peatonal y sin la habilitación de las luces del semáforo constituye una presunción de culpa contra este último, ya que si bien el conductor debe conservar el pleno dominio sobre su máquina, no puede exigírsele que lo haga al punto de responsabilizarlo de las imprudencias cometidas por los peatones (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J • Uvoycich Degni, Carlos c. Transportes Sargento Cabral S.C. Línea 102 y otros • 25/04/2007 • La Ley Online • AR/JUR/3375/2007). El peatón debe tener conciencia de su vulnerabilidad física y observar una adecuada precaución al ingresar a la zona que comparte con los automotores y tal obligación proviene no sólo de las normas de tránsito sino también del sentido común y conservación de la propia integridad (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L • Tarantola, Marta C. y otros c. Ribero, Mario A. y otros • 16/02/2006 • DJ 04/10/2006 , 378 • AR/JUR/1127/2006). En razón de todo lo expuesto, he de asumir que la grave anomalía y severa negligencia incurrida por la accionante en el recreado devenir posee y conllevan virtualidad suficiente como para interrumpir totalmente el nexo de causalidad adecuada al que alude el art. 1113° del Cód. Civil (actualmente arts. 1757°, 1758°, 1769° y conc. del Código Civil Unificado) –conf. CNCiv., Sala E, 17.10.2005, DJ 2006-I, 953-; y, por ende, habré de proponer al acuerdo la confirmación del fallo dictado en primera instancia. IV. Resumen, costas En razón de todo lo expuesto postulo desestimar los agravios vertidos por la apelante y confirmar la sentencia de grado en cuanto dispone el rechazo de la demanda. Las costas se impondrán a la actora por haber resultado vencida (cfr. art. 68 CPCC). Tratar las apelaciones de honorarios y regular los correspondientes a la actuación en la alzada. Así lo voto.

La señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por el señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto. OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZPATRICIA BARBIERI. La señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia. Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Buenos Aires, de mayo de 2017. Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Desestimar los agravios vertidos por la apelante y confirmar la sentencia de grado en cuanto dispone el rechazo de la demanda. Las costas se impondrán a la actora por haber resultado vencida. Conociendo los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios de fs. 385 vta./386, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos; las etapas cumplidas; el interés económico comprometido en la demanda, y lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24.432, así como la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados y la incidencia de su labor en el resultado del pleito, se confirman, por haber sido apelados sólo por altos, los regulados a los Dres. Jorge Aníbal Hanna, Fabio Héctor Preiti, Aldana Soledad Sobrero y Paola Soledad Preiti, letrados apoderados de la parte actora, y, por ser ajustados a derecho, los correspondientes a los Dres. Ana Catalina Soumoulou y Marisol González Folgar, letradas apoderadas de la demandada y la citada en garantía. Se elevan las retribuciones del perito ingeniero Rubén Angel Remy y del perito médico Jorge José Grotii a pesos doce mil ($ 12.000) para cada uno de ellos, y se confirma la del consultor técnico Raúl Enrique Vidal, por haber sido apelada sólo por alta. Se confirma, asimismo, la retribución de la mediadora Dra. Marcela Rita Venezia, por ajustarse a lo dispuesto por el art. 2°, inciso f) del Anexo III del Decreto 1467/11, modificado por Decreto 2536/15 (conf. valor de la unidad retributiva del SINEP vigente a la fecha de la regulación). Por su actuación ante esta alzada, se fija la retribución del Dr. Fabio Héctor Preiti en pesos doce mil ($ 12.000), y la de la Dra. Ana Catalina Soumoulou, en pesos diecisiete mil ($ 17.000) (art. 14, ley de arancel 21.839). Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Notifíquese por Secretaría y devuélvase. La señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia.

Osvaldo Onofre Álvarez

Patricia Barbieri